Nuevos aspectos van surgiendo del caso La Polar. Los abogados Bárbara Salinas y Luis Villarroel, que representan a los accionistas minoritarios de la multitienda, presentaron un escrito en que aseguran que los ex ejecutivos de la firma habrían modificado su participación en sociedades de inversión, transfiriendo el dinero a otras personas jurídicas que se constituyeron antes y después de que se develara al público el escándalo de las repactaciones unilaterales.
El objetivo de estas operaciones no sería otro que traspasar parte significativa de su patrimonio a terceros, con el fin de eludir embargos y otras medidas judiciales derivadas del proceso. En la práctica, una eventual simulación de contratos, informa el diario Estrategia.
De acuerdo al escrito, con estos se podrían configurar delitos de carácter tributario u otras forma de ocultamiento de dineros obtenidos ilícitamente, es decir lavado de activos, algo por lo cual ya fueron acusados el ex presidente y gerente general de La Polar, Pablo Alcalde; el ex gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerente corporativa de Administración, María Isabel Farah.
El viernes pasado, los accionistas minoritarios solicitaron medidas cautelares como la prohibición de celebrar actos y contratos y la retención de dineros y elementos muebles, para los cuatro ex ejecutivos de La Polar -los nombrados Alcalde, Moreno y Farah, más el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage, que también será formalizado el 14 de diciembre. Similar acción interpuso el abogado de la multitienda, Davor Harasic, quien sostuvo que cada imputado tendría que cancelar por lo menos $3.000 millones de pesos, más intereses y costas.
Un ejemplo de los enroques societarios realizados en el caso puede verse en Pablo Alcalde. Apenas seis días luego de la renuncia del ex gerente general Nicolás Ramírez, el 25 de enero de 2011, Alcalde decide terminar el régimen de sociedad conyugal con su esposa, María Inés Lagos Salas, luego de 34 años de matrimonio bajo esa modalidad, iniciando una separación de bienes.
La publicación de Estrategia asegura que Alcalde y su esposa resolvieron liquidar parcialmente la comunidad de bienes, cuyo haber social, descontado el pasivo, alcanzaba la suma de $8.376,3 millones a junio de este año. En esta operación, María Inés Lagos se adjudicó los derechos sociales de Agrícola Haya Roja Limitada, correspondientes al 99% del capital social, el que fue valorado en $7,9 millones. Un par de meses después, el 12 de agosto de 2011, ese capital fue aumentado a $3.532,3 millones.
Anteriormente, el 5 de enero, Alcalde había constituido una sociedad colectiva civil junto a su hermano José Fernando Alcalde, llamada lnversiones Trinidad, cuyo capital social es de $2.000 millones. Este se conforma de la siguiente manera: Pablo Alcalde Saavedra aporta la suma de $1.999,8 millones, equivalentes al 99,99 por ciento. El restante 0,01% es aportado por su hermano: $200.000 pesos.
lnversiones Trinidad es administrada única y exclusivamente por Pablo Alcalde, según consta en el contrato. Se indica además que las utilidades resultantes de cada ejercicio social se distribuirían entre los socios a prorrata de sus derechos en el capital social, es decir según lo aportado por cada uno, a menos que por unanimidad se acuerde una forma diferente.
