El ministro de Economía, Pablo Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, dieron a conocer detalles del proyecto de ley que el próximo martes se enviará a la Cámara de Diputados para regular el tema pesquero.
El secretario de Estado destacó que este proyecto se centra en mantener la sustentabilidad de los recursos marinos, contemplando entre otras medidas, el restarle a las autoridades la capacidad de entrega discrecional de cuotas de pesca.
Así, la administración de la cuota global pasa del Consejo Nacional de Pesca a un Panel de Expertos, que estará imposibilitado de modificar las cuotas sin antecedentes científicos del estado de las pesquerías y cuyos miembros se renovarán, alternadamente, cada cuatro años.
“Se ha hecho un trabajo de meses en la Subsecretaría de Pesca y en el Ministerio de Economía, con la Presidencia, con el propósito de presentar un proyecto de ley que garantice la sustentabilidad”, sentenció el ministro.
Otro de los puntos centrales de la propuesta radica en la introducción de cuotas individuales transferibles denominadas Licencias Transables de Pesca (LTP), de las que existirán tres tipos, las Licencias A, indefinidas en su duración y asignadas a los tenedores actuales de cuotas, que pagarán patente y royalty pesquero; Licencias B, también indefinidas, que pagarán el costo de la licencia y tras diez años, también royalty y que son complementarias a las licencias A, cuando el nivel de explotación de una determinada pesquería esté en el 85% del máximo, entregando por esta vía el 15% restante para llegar al rendimiento máximo sostenible, es decir, el punto óptimo de explotación sustentable.
Además, existirán Licencias C, de un año de duración, que se entregarán cuando los recursos marinos se encuentren en estado de excedencia de producción, por periodos de un año y expresadas en toneladas de captura.
El proyecto también establece una separación entre pescadores artesanales pequeños, con barcos con eslora (largo) menor a 12 metros y los que posean naves entre 12 y 18 metros.
Se estima que el levantamiento de datos sobre el estado de las pesquerías para determinar las cuotas y el rendimiento máximo sostenible demorará aproximadamente dos años.
La ley introduce el royalty pesquero, de modo análogo al existente en la minería, con la diferencia que este se calculará sobre la capacidad de pesca y no sobre las utilidades de la empresa.
El gravamen será del 4,2% del valor de sanción (precio de referencia) por cada tonelada asignada.
