El Parlamento suizo fijó hoy ciertos límites a las remuneraciones de los ejecutivos para terminar con el fenómeno de los “salarios abusivos”, que quedaron en evidencia cuando la crisis golpeó a la banca y sus responsables, en lugar de sanciones, recibieron millonarias indemnizaciones.
Tras cuatro años de trabajos, deliberaciones y negociaciones sobre esta cuestión, desde que en 2008 estalló la crisis financiera, los legisladores de ambas cámaras aprobaron una norma que reduce de manera importante la posibilidad de que los contratos de los directivos incluyan “cláusulas de blindaje”, es decir millonarias compensaciones en caso de ser obligados a dejar sus puestos.
En Suiza, algunas grandes compañías incluso practicaban pagar esas indemnizaciones de manera anticipada.
La norma aprobada hoy recoge varias de las propuestas de una iniciativa popular promovida por el empresario suizo Thomas Minder tras la crisis de 2008, que sacudió al sistema bancario helvético y puso a su entidad financiera más importante, el UBS, al borde de la quiebra, de la que fue salvada por una intervención estatal.
Una vez que UBS superó el peor momento, sus responsables ejecutivos dejaron sus cargos, no sin antes cobrar millones de francos suizos en concepto de indemnizaciones, lo que causó estupor e indignación en la opinión pública.
Minder, que ganó notoriedad con su iniciativa y entre tanto se convirtió en senador, reclamaba la prohibición total de “contratos blindados”, pero la norma aprobada hoy admite ciertas excepciones.
Sin embargo, cuando éstas existan deberá probarse que son compatibles con el interés de la empresa y que el consejo de administración solicite su aprobación por parte de la asamblea general.
El Parlamento consiguió suavizar varios aspectos del texto de Minder, quien pedía que los accionistas de las compañías que cotizan en bolsa votaran cada año para aprobar el importe total de la remuneración de los miembros de su consejo de administración, consejo consultivo y dirección.
En la norma aprobada, en cambio, se hace una excepción en el caso de los salarios de la dirección y se deja a los accionistas la decisión de establecer si el resultado de la votación es vinculante o sólo tiene carácter consultivo.
Se deja también de lado la idea de fijar una pena de hasta tres años de prisión y seis remuneraciones anuales en el caso de violación de la norma.
El espíritu del texto legal es, en general, reforzar el derecho de los accionistas y limitar los excesos en materia de salarios y remuneraciones variables (bonos).
