A menos de un mes del fallo con que la Corte Suprema detuviera la construcción de la Central Castilla, el mayor proyecto termoeléctrico del país, el Gobierno dará inicio al “Encuentro Pro Inversión y Competitividad”, una cumbre empresarial orientada a impulsar proyectos de inversión en nuestro país.
El encuentro, organizado por siete ministerios, será coordinado por la Oficina de la Competitividad de la cartera de Economía, en un nuevo gesto de parte del Ejecutivo hacia el sector privado, tras la incertidumbre provocada por la decisión de la Suprema, principalmente en los sectores eléctrico y minero, consigna El Mercurio.
Justamente es el sector minero, que consume un tercio de la energía eléctrica generada en nuestro país, uno de los que tendrá mayor presencia en encuentro empresarial, encontrándose entre los invitados representantes como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), otras entidades de la industria, la Sonami, el Consejo Minero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entre otros.
Por parte de La Moneda está confirmada la presencia de los ministros de Economía, Pablo Longueira; del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez; de Energía, Jorge Bunster; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Minería, Hernán de Solminihac. Además, se espera la participación de personeros de las carteras de Vivienda y Obras Públicas.
El tema preocupa al Gobierno, especialmente luego de que empresarios como el brasileño Eike Batista -dueño de MPX, la firma detrás del proyecto Castilla- sostuviera que con la sentencia del máximo tribunal se hacía “imposible” invertir en nuestro país.
Para el Ejecutivo, el alto costo de la energía, la incerteza jurídica en la tramitación de proyectos, las trabas burocráticas y el impacto social son las principales cuestiones que se deben resolver, a través de “soluciones concretas” que puedan implementarse al más breve plazo.
Al respecto, la Oficina de la Competitividad quiere impulsar un proyecto de ley pro inversión, además de medidas regulatorias o de gestión que limiten los plazos de tramitación e implementación de las iniciativas privadas.
