Ante el nuevo corte de agua que este miércoles afectó a los vecinos de las comunas de Ñuñoa y Macul en la Región Metropolitana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) envió a primera hora un nuevo oficio a la empresa Sanitaria Aguas Andinas para que le explique las causas del problema, las medidas de mitigación y los planes de contingencia.
Además, el organismo solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), con quien se ha estado en permanente coordinación, un informe que detalle las razones técnicas de lo ocurrido en esta ocasión y cuál es el grado de responsabilidad que tuvo la empresa Aguas Andinas.
El Subdirector Nacional del Sernac, Lucas del Villar, indicó que existe una profunda preocupación por los innumerables problemas que han afectados a los consumidores tras los cortes de agua ocurridos en Santiago y también en la Región de Valparaíso. Sin embargo, las causas no necesariamente están relacionadas, por lo que hay que esperar el informe técnico.
Del Villar recalcó que los consumidores tienen derecho a un servicio de calidad y a que no se interrumpa el suministro injustificadamente. En el caso del agua potable, sólo podría suspenderse por razones de fuerza mayor calificadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), o debido a interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser comunicados al usuario, con a lo menos 24 horas de anticipación.
Compensaciones
El Subdirector Nacional explicó que la Ley del Consumidor faculta al Sernac a solicitar a las empresas sanitarias compensaciones adecuadas para los consumidores afectados si la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) determina en su investigación que hubo una falla en el deber de profesionalidad al momento de prestar el servicio.
Agregó que por ahora el Sernac está analizando los antecedentes entregados por la Superintendencia y por la empresa sanitaria en relación a los cortes del 22 de enero pasado, a fin de determinar las acciones que correspondan para defender los derechos de los consumidores que se hayan visto afectados.
