Raimundo Labarca, abogado de Julio Ponce, el cuestionado presidente de SQM, a quien la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos por crear un esquema para obtener ganancias impropias a través de transacciones en las sociedades Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, fue entrevistado por El Mercurio acerca de la preparación de su defensa.
Labarca sostiene que “a mi cliente le formularon cargos no por hechos concretos, sino por una teoría que elaboró la autoridad sobre la base de meras especulaciones y suspicacias. El supuesto ‘esquema’, que es la base de dicha teoría, no resiste análisis. (…) Los cargos están llenos de omisiones, desprolijidades, repeticiones, imputaciones infundadas y detalles que son irrelevantes”.
Enfatiza que “es derechamente inverosímil creer que mi cliente tenía la capacidad y los poderes para haber controlado y dirigido, por años, la actuación de los gerentes generales y de decenas de directores. (…) Igual de inverosímil resulta creer que pudo controlar y dirigir a los principales corredores de la Bolsa de este país,” empresarios, inversionistas y accionistas, que en total serían más de cien personas.
El abogado afirma que “todas las operaciones tienen una justificación y se insertan en un contexto fáctico de los negocios que la Superintendencia no quiere ver. Hay que ver el mundo real”. Además, asegura que Ponce “obtuvo una rentabilidad menor que los restantes accionistas” durante el período investigado.
