TC acoge requerimiento contra polémico reglamento del Ministerio de Economía
La normativa, que busca regular el consentimiento forzoso de los contratos de adhesión de productos y servicios financieros, fue calificada como "un claro retroceso" por el diputado Patricio Vallespín.
Por RedacciónComo “una buena noticia” calificó el diputado DC Patricio Vallespín la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a estudio y análisis el requerimiento por inconstitucional presentado por 31 diputados de la Nueva Mayoría contra el decreto 153 del Ministerio de Economía que reglamenta el consentimiento forzoso de los contratos de adhesión de productos y servicios financieros.
Vallespín lamentó, sin embargo, que el TC no dictara una medida precautoria para frenar la implementación del polémico reglamento, pero agregó que “esperamos que el resultado de esta iniciativa sea que este decreto quede sin efecto para que los consumidores no sean, una vez más, abusados por las instituciones bancarias y del retail, debiendo aceptar alzas prácticamente impuestas y sin posibilidad cierta de poder oponerse”.
El documento que pide la inconstitucionalidad de la normativa que fue publicada en el Diario Oficial el pasado jueves 19 de diciembre, lleva la firma de 32 diputados y cuenta con el respaldo de varias organizaciones ciudadanas que piden que se suspenda su aplicación.
El parlamentario DC agregó que “este reglamento del Ministerio de Economía es un claro retroceso y la verdad es que puede borrar, de un plumazo, todos los derechos ganados por las legítimas demandas ciudadanas”.
La iniciativa acogida por el Tribunal Constitucional se dirige “en contra de aquel reglamento como un todo y a cada una de las normas que lo componen”, pero en particular los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, “porque significa una desprotección del contratante más débil en las relaciones contractuales en el ámbito financiero, vulnerando los deberes de protección”, indica el documento.
Finalmente, Vallespín agregó que “el reglamento consagra el abuso del sector financiero hacia los consumidores con una especie de consentimiento unilateral, a pesar de que en lo formal se le pregunta a los clientes. Indudablemente se deja a los consumidores en una situación de indefensión otorgando un poder desmedido a las empresas en un hecho que afecta a más de 19 millones de tarjetas”.
