Degradación militar: la necesaria sanación
El caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, retoma un tema del que se habla en los pasillos del Gobierno y entre parlamentarios desde hace tiempo: legislar sobre la Degradacion Mlitar. Una reducción o demolición del rango militar, como castigo por un crimen, o conducta ilegal, impuesta por una corte marcial u otra autoridad. La reducción del rango en latín: gradus deiectio, degradación de posición, fue usada durante el Imperio Romano como castigo militar.
Por María Teresa LarraínMaría Teresa Larraín es Periodista.
La legislación vigente en Chile no permite la degradación militar. El tema ha sido abordado varia veces debido al clamor de la opinión pública para que se aplique esta sanción a uniformados acusados de violar los derechos humanos.
Esta semana la senadora socialista Isabel Allende abordó el tema. Según lo publicado por el Dinamo, ella señala:
-“Soy autora de una moción parlamentaria del año 2013. El propio Presidente del Senado pidió entonces que ojalá se le pusiera urgencia a la propuesta de degradación de militares que han sido condenados por violaciones a los Derechos Humanos, para que obviamente no puedan ostentar los títulos de Generales, ni medallas, etc, Ojalá el gobierno le ponga urgencia”.
En esa misma línea la presidenta del PS también solicitó al Comité Político una revisión más exhaustiva en el Ejército porque “me parece inaceptable que gente que estuvo comprometida en esas gravísimas violaciones tenga remuneraciones, tenga cargos, en la institución, así le hemos pedido al gobierno que ojalá mire aquello detenidamente”.
El 24 de marzo de 2014, el entonces Ministro de Defensa, hoy del Interior, Jorge Burgos, indicaba que instruyó a abogados de esa cartera a anticiparse a un eventual debate legislativo ante iniciativas que apuntaren a quitar rangos a los ex uniformados condenados por violación a los derechos humanos.
“Me han preguntado sobre esa situación, yo le he dicho que en la medida que haya proposiciones, habrá que hacer un análisis de carácter jurídico fundamentalmente sobre los alcances de una cuestión así. Hay gente que tiene opiniones, en fin, llegará el momento frente a alguna consideración de petición oficial o algún mandato que uno pueda recibir al respecto de analizarlo”, aseveró Burgos en entrevista a diario La Segunda.
Frente a la conmoción nacional que presencia impávida como ex uniformados, en la cárcel o no, mantienen sus rangos y honores y se vanaglorian de pactar un vergonzante silencio, le corresponde a la autoridad tomar una decisión.
Una se pregunta si hay interés a nivel parlamentario y también de algunas autoridades ministeriales, ¿por qué hoy el Ejecutivo no agiliza con urgencia un proyecto ley sobre la degradación militar? ¿A quién le tiene miedo? ¿Es que no confía de las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas cuyos uniformados arrastran la vergüenza de mantener a oficiales y de clase, que deshonraron sus cargos asesinando, degollando, torturando y quemando chilenos indefensos? Los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de hoy no son los mismos de esa época negra de nuestra historia. Ellos no deben arrastrar esta herencia maldita. Tampoco la población civil.
La historia esta plagada de casos sobre degradación militar. Desde el Imperio Romano a nuestros días. Al término de la Segunda Guerra Mundial altos oficiales japoneses fueron degradados en los Juicios de Tokio (1946) No soportando este deshonor, se suicidaron. El Almirante Richard C. Macke, fue degradado y forzado a su temprano retiro, debido a sus declaraciones, sobre el incidente de la violación a una niña de 12 anos en Okinawa, en 1995. Este acto fue perpetrado por tres “marines” residentes en la Base norteamericana asentada en Japon. Más recientemente, la Brigadier General Janis Karpinski fue degradada a coronel, debido a su rol en los abusos y torturas de prisioneros en Abu Ghraib.
La Presidente no habla sobre esto pero sí sobre el pacto de silencio. En gesto maternal como hablando con su familia militar a la hora de almuerzo en casa, señaló: “Reitero el llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio, Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán”, manifestó la jefa de Estado.
A la vez, el Presidente del Senado, Patricio Walker, fue más allá. Aseguró que conformarán un equipo de trabajo “para poder analizar cómo nuestro país paga la deuda que tiene con las víctimas de las violaciones brutales a los Derechos Humanos que ocurrieron durante la dictadura militar”.
Vueltas de carneros que en nada ayudan a una justicia total y ejemplarizadora. Ni menos al proceso de sanación total de esta sociedad que lo requiere con urgencia.
Es fácil señalar que se rompa el pacto de silencio. Lo importante es ordenarlo mediante una ley. Es fácil indicar “que la justicia falle” si esta justicia no tiene legislación alguna para condenar como se debe. Le corresponde a la Presidenta y al Parlamento legislar debidamente y el país entero se lo agradecerá. De lo contrario habría que asumir que este alarde en la “defensa de los derechos humanos propiciado por este y todos los gobiernos democráticos es un débil saludo de bandera basado “en la medida de lo posible” que tanto daño está haciendo al país.
