La Revolución de las Comunidades

Lamentablemente este debate excluye de la ecuación lo más relevante, el rol de los ciudadanos y sus comunidades en toda política pública. Quizás la clave de la calidad y legitimidad no esté solo en el elegir el modelo de financiamiento o de gestión apropiado al caso, si no que en procesos realmente participativos y descentralizados en la provisión de bienes públicos.

Todos coincidimos en que el principal desafío de las ciudades chilenas es la equidad y la integración social. Pero no da lo mismo como lograrlo. Se ha instalado un creciente consenso que las soluciones desde el Estado y/o el Sector Privado son insuficientes para responder a la diversidad de demandas de las comunidades urbanas, llevando a la estandarización de productos y políticas.

No es de extrañar entonces que en los últimos años hayan surgido múltiples emprendedores sociales y organizaciones civiles en campos tan diversos como la vivienda social, el espacio público, la recuperación patrimonial o la movilidad. Éstos no pretenden reemplazar al Estado, ni menos representar a grupos de interés, por el contrario, son grupos más diversos y flexibles, orientados empoderar a los ciudadanos con propuestas más innovadoras y adecuadas.

Para reconocer este apasionante cambio en la forma de hacer ciudad de la sociedad chilena, la semana pasada el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano realizó un foro sobre la “Sociedad Civil como agente del desarrollo urbano”, con la participación de las principales ONGs y Fundaciones sin fines de lucro involucradas en este campo.

El objetivo compartido por todos fue lograr que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, sean los protagonistas de sus barrios y ciudades. Esta es una de las metas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de la propuesta sobre “Política de Suelo para la Integración Social” que entregamos a la Presidenta en mayo pasado, en la cual planteamos mecanismos para ampliar la participación social mediante el apoyo de organizaciones sociales, ONGs y Fundaciones.

Pero aún estamos muy lejos de esta revolución urbana. No obstante el entusiasmo de muchas organizaciones civiles, persisten aún desconfianzas desde el Estado y el sector privado. Por eso requerimos repensar un nuevo marco institucional para la participación activa de la sociedad civil, donde el Estado confíe en la capacidad de acción y propuesta que puedan surgir desde la sociedad civil. Sólo de esta forma podremos reemplazar la actual condición individualista del ciudadano-usuario de programas públicos, por una nueva condición de ciudadanos empoderados y responsables.

Como sostuviera nuestro invitado Fred Kent, Presidente de la ONG “Project for Public Spaces” de Estados Unidos, “los ciudadanos son los que mejor saben lo que necesitan”, sólo falta creer en ellos y avanzar en una nueva institucionalidad pública, una que realmente transfiera poder e iniciativa a las múltiples organizaciones civiles y ciudadanas con capacidad de innovar y cooperar en la construcción de las ciudades que los chilenos aspiran.