El miércoles 6 de julio se votó en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Transmisión. Esto luego de que se viera en Comisión Mixta el lunes 4. En Chile Sustentable hemos seguido desde sus inicios la tramitación de este proyecto de ley, que no estuvo exento de controversia, por principalmente dos razones.
En primer lugar está la forma en que el ministerio de Energía ha enfrentado la tramitación de este (y otros) proyectos de ley en el Congreso: verdaderos fast-tracks legislativos, donde cualquier opinión distinta o fuera de los consensos que se intentan construir (y a veces forzar) es entendida como una agresión, traición o afrenta, siendo rápidamente descalificada utilizando todos los medios posibles. Esto se basa en una forma de entender la democracia que es muy complicada, y que no respeta algo esencial: el tiempo. La democracia es lenta, y un proyecto de esta magnitud podría (y debería) haber sido discutido con calma.
La segunda razón, relaciona con los contenidos, se refiere a algunos de los puntos tratados por la Comisión Mixta: el rol de la participación ciudadana y de las regiones a la hora de decidir sobre el desarrollo de los territorios, el lugar que ocupará la Ley Eléctrica (y el desarrollo eléctrico) en el país, y si estará por sobre otros ámbitos y legislaciones, y los balances y asimetrías de poder. ¿Seguiremos poniendo los derechos del inversionista por sobre otros derechos (de agricultores, campesinos, comunidades indígenas, el derecho un medio ambiente sano, etc.)?
El resultado de la Comisión Mixta, y del compromiso de algunos diputados con una mirada distinta a la del ministerio de Energía, se tradujo en que los polos de desarrollo deberán ser sometidos, a nivel de provincia, a evaluación ambiental estratégica. La Ley de Bosque Nativo será respetada y las atribuciones de Conaf no serán cercenadas por esta normativa. Además, la Consulta Indígena se aplicará conforme lo que establece el Convenio 169 de la OIT. Respecto de otro punto controversial, el uso de la fuerza pública en etapas tempranas de estudios para las franjas de transmisión, no se logró eliminar la referencia a su uso, pero quedó establecido que será solo en casos excepcionales. Y se exigió también informar a los afectados sobre los estudios y actividades que involucran, debiendo el ministerio de Energía actuar como responsable y ministro de fe.
Uno de los puntos más críticos del proyecto, y que finalmente no fue recogido en la legislación, se refería a los polos de desarrollo y su fin último como instrumento. ¿Se buscaba con ellos fomentar las energías renovables no convencionales (ERNC)? ¿Para qué (y quiénes) estaba diseñado el instrumento? Muchos vieron, con buenas razones, un instrumento que permite transformar las cuencas del centro y sur del país en despensas de energía, la nueva commodity chilena. Extractivismo eléctrico. Ya lo conocemos, lo hemos hecho con la minería, la pesca, la salmonicultura, los bosques, y con otros recursos naturales, hoy sería el turno de la energía eléctrica. Con una lógica de “extraer” todo lo disponible, el ministerio de Energía decreta, desde Santiago, zonas desde las cuales facilitar esa extracción. El problema es que este modelo funciona siempre bajo las mismas premisas: se privilegian los derechos de algunos (en este caso del inversionista eléctrico), se decide desde Santiago sobre la vocación de un territorio, y, como ha venido sucendiendo hace décadas, algunos viven con los costos de estas decisiones (cargas ambientales y sociales) y otros, localizados lejos, con los beneficios.
Por eso se habló de que el instrumento arriesga convertir esos lugares en zonas de sacrificio. Lo anterior no son especulaciones infundadas. Basta mirar el mapa de derechos de agua para ver que la mayoría están otorgados, y que pertenecen a las empresas que dominan el mercado eléctrico chileno. No es cualquier tecnología la que se está fomentando con estos polos de desarrollo, sino que una en particular: la hidroelectricidad. Al rehusarse el gobierno a que esta quedara circunscrita a la renovable no convencional (menos de 20 MW para la hidroelectricidad), se dieron las señalaes que es un instrumento que no fomentará realmente las ERNC, sino que a los mismos actores que ya se encuentran favorecidos en nuestro marco político y regulatorio. Se seguirá fomentando así un modelo extractivista, con altos impactos y cargas socioambientales, que no ha demostrado llevar a un desarrollo realmente justo, democrático y sustentable.
