Según datos entregados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el transporte público es el sistema más utilizado por la tercera edad en nuestro país. Tales cifras indican que un 84% de las personas sobre 60 años utiliza medios de transportes para desplazarse, y un 60,6% ocupa transporte público. Por tal motivo, asegurar el desplazamiento de nuestros adultos mayores es relevante, pues ellos requieren trasladarse a diversos lugares de la ciudad para realizar distintos trámites como cobrar sus pensiones, acceder a los servicios de salud, mantenerse en contacto con sus familiares, grupos de apoyo o con sus pares, entre otros.
Esta interacción y contacto es fundamental para fomentar la inclusión de las personas mayores en la sociedad y para evitar el aislamiento y la dependencia temprana. Por ello, creemos que resulta urgente y necesario avanzar en medidas concretas que permitan hacer de este anhelo ciudadano una pronta realidad, regulando por ley el beneficio de transporte para adultos mayores que, desde nuestra perspectiva, debería asegurar la gratuidad como una forma de retribuir a nuestros padres, abuelos o bisabuelos todo lo que han entregado a nuestro país.
Para alcanzar el objetivo de la gratuidad en el transporte público para adultos mayores, consideramos de gran relevancia dejar asentado que el principio que conlleva la tarifa gratuita que proponemos, es una carga pública para los transportistas que efectúan un servicio público de traslado colectivo de pasajeros. Esta carga goza de legitimidad jurídica y ética, ya que los empresarios del transporte desarrollan una actividad de servicio público, y se entienden éstas como aquellas iniciativas privadas lícitas, que por su importancia social se encuentran sujetas a un régimen especial de restricciones impuestas por la autoridad, la que va desde inscripción en registros especiales, regímenes de fiscalización especiales, e incluso, el establecimiento de ciertas cargas personales, como esta.
Por otra parte, esta carga goza de especial legitimidad toda vez que constituye una contraprestación mínima de los transportistas a la sociedad, ya que estos utilizan para su explotación comercial y lucro un bien nacional de uso público, como son las vías urbanas e interurbanas, cuya construcción, conservación y seguridad está a cargo del Estado, y por tanto, su costo es de cargo de todos los contribuyentes.
Si bien, esta necesidad de facilitar el transporte de nuestros adultos mayores ha constituido una preocupación constante por parte de las autoridades de Gobierno, la que se ha materializado, por ejemplo, mediante convenios gubernamentales con las empresas de transportes de cada región, no ha constituido una prioridad dentro de las políticas de gobierno, como tampoco del Ministerio de Transportes ni del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En este sentido, el Gobierno debe entender que no puede ser mantener a los adultos mayores fuera de las prioridades. El foco de las políticas públicas en estos dos últimos años de la Administración de turno debe estar centrado en el apoyo de las personas mayores, avanzar hacia pensiones éticas que les permitan vivir en dignidad, y garantizar el transporte público gratuito para este importante grupo etareo parece fundamental para iniciar un nuevo trato y comenzar a saldar la deuda que, como país tenemos con nuestros adultos mayores.
