Si comenzamos a hacer un listado de instituciones abandonadas por el Estado Chileno, estoy seguro que dentro de las primeras diez estaría la Corporación de Asistencia Judicial, que brinda acceso a la justicia de forma gratuita y a sectores de la población que no tienen recursos para pagar abogados. Esta situación es grave porque afecta a un acceso igualitario a un derecho humano como es el acceso a la justicia, y que recibe entre 900 mil a 1 millón de consultas al año en las cuatro corporaciones existentes en el país.
El abandono por parte del Estado se ha traducido en la falta de políticas públicas a fin de apoyar la labor de esta institución que además la integran postulantes que tramitan juicios de forma gratuita sin ninguna cobertura de salud, a eso se suma el escaso financiamiento. Para mejorar y robustecer a la institución, el año 1992 el ex Presidente Patricio Aylwin ingresa en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica que estuvo 18 años descansando y que incluso de archivó, hasta que la Presidenta Michelle Bachelet a un día de entregar su primer mandato envía un nuevo proyecto sin informe financiero – evidencia de no tener voluntad -.
Situación que empeora en el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera que incluso reduce el personal de centros a fin de reducir los costos y externalizar servicios, dejando al negocio como garante del funcionamiento en algunos servicios.
En esta época de elecciones, donde hay una disputa por programas y propuestas me impresiona que candidatos y candidatas no se hagan cargo de este tema, en los presidenciables no hay ninguna mención tendiente a mejorar esta institución que por lo demás está ocupada por numerosos “cargos políticos”, a excepción de la candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez que si se ha reunido con la Federación de Funcionarios mostrando un real interés por lo menos en escuchar.
