El Pasado 13 de diciembre, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que crea la Defensoría de la Niñez. La tramitación del proyecto cumplió las tres fases en las comisiones de ambas Cámaras y en Comisión Mixta. Una vez revisado por el Tribunal Constitucional, la ley entrará en vigencia cinco meses después de publicada en el Diario Oficial y el primer Defensor será designado dentro de los noventa días desde la publicación de la ley.
Es importante destacar que esta nueva institucionalidad busca la difusión, promoción y protección de la infancia, siendo un avance importante que el legislador lo dotara de autonomía y patrimonio propio, además de garantizar la participación de la Sociedad Civil, a través de un órgano colegiado asesor. No obstante estos avances significativos, subsisten importantes brechas, como la forma en que la Defensa de los niños llegue al ámbito local.
Hoy, aunque se plantea avanzar en la descentralización del organismo, en la práctica estará centralizado en la Región Metropolitana y no queda expresada de manera concreta la forma en que actuará en el territorio. Lo anterior es clave porque no se concibe la prevención y la protección de los niños sin articulación de redes locales.
Otra brecha que persiste es la imposibilidad concreta de brindar representación jurídica a todos los niños vulnerados, salvo en casos específicos. Si bien se han operado complementariamente otras formas de representación jurídica, ellas son mandatadas por el Estado y no actúan en contra del mismo Estado cuando éste es vulnerador de los Derechos de un Niño, como cuando se niega el derecho de atención a la salud por parte de un niño en el sistema de protección. La representación jurídica garantizada, de calidad y autónoma es clave para hacer operativa la garantía de derechos.
Este proyecto se suma a otros en discusión en el Parlamento que constituyen un cuerpo referencial de la nueva institucionalidad que se espera dé respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en distintos tratados internacionales, a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, hace más de un cuarto de siglo.
Si bien es cierto ha habido avances importantes en la tramitación de algunos de dichos proyectos, la ley marco y fundamental sobre la cual se articulan ha evidenciado importantes carencias que permitan dar operatividad al sistema, que pretende ser garante de los derechos de la infancia. La fragmentación de la estrategia legislativa ha puesto de manifiesto graves postergaciones, como las de remitir a la tramitación del sistema de protección la realidad de los niños más vulnerados, suponiendo una lista de espera legislativa frente a la realidad del resto de la infancia.
Esperamos que exista la voluntad y prioridad política para ir perfeccionando los cuerpos legislativos aprobados en la medida que manifiesten incapacidad para avanzar en la efectiva protección de nuestra infancia y en la garantía de sus derechos fundamentales.
