La polémica levantada por Anatel no es un reflejo corporativo ni una pataleta contra la innovación. Es una alerta seria sobre diseño regulatorio. La norma cuestionada, reintroducida en la “megarreforma” del gobierno de Kast, permitiría reproducir, adaptar, distribuir o comunicar públicamente obras lícitamente publicadas para análisis automatizado de datos de lenguaje, sonido o imagen, sin autorización ni remuneración al titular, siempre que no exista “explotación encubierta”. Lo decisivo no es solo su contenido, sino el mensaje institucional: Chile estaría intentando abrir por una ley miscelánea lo que ya fue discutido y rechazado en la tramitación de la ley de IA.
El argumento de fondo del Ejecutivo es reconocible: si la IA necesita grandes volúmenes de datos para entrenarse, entonces hay que despejar la ambigüedad jurídica para que el ecosistema local no quede atrás. Ese diagnóstico tiene algo de cierto, pero la solución propuesta es deficiente. En economía digital, la pregunta no es si los modelos necesitan datos; la pregunta es bajo qué reglas se accede a ellos, cómo se reparte valor y qué incentivos quedan para producir contenido de calidad. Si la respuesta es “sin permiso, sin pago y por defecto”, el país no está regulando innovación: está subsidiando a los grandes integradores tecnológicos con contenido ajeno.
Europa, que suele ser presentada como prueba de que “el mundo va hacia allá”, en realidad dice algo bastante distinto. La Directiva 2019/790 sí creó excepciones para text and data mining, pero en dos carriles muy concretos: uno, para investigación científica por organizaciones de investigación y entidades de patrimonio cultural con acceso lícito; otro, más amplio, para obras accesibles lícitamente, pero sujeto a que los titulares puedan reservar sus derechos, incluso por medios legibles por máquina. Es decir, Europa no consagró una expropiación regulatoria del contenido: diseñó una puerta de acceso condicionada, con opt-out y con espacio para licenciamiento. Además, desde el 2 de agosto de 2025, el AI Act exige a los proveedores de modelos de propósito general implementar una política de cumplimiento de copyright y publicar un resumen del contenido usado para entrenar el modelo, precisamente para facilitar el ejercicio de derechos por parte de los titulares.
Desde una perspectiva TIC, ese es el punto crucial. Chile necesita seguridad jurídica para entrenar IA, sí; pero también trazabilidad de datasets, estándares de consentimiento o reserva, mecanismos de auditoría y mercados de licencias que permitan que medios, editoriales, universidades, productoras y creadores moneticen activos en la economía algorítmica. Sin eso, el país corre el riesgo de cometer un error clásico de política digital: creer que competitividad significa abaratar a cero el insumo creativo. Eso no construye soberanía tecnológica. La erosiona. Un ecosistema sano de IA no se levanta sobre la destrucción de la capa de contenidos: sin ella no hay datos locales confiables, ni diversidad lingüística suficiente, ni periodismo profesional sostenible.
La salida inteligente no es prohibicionista ni ingenua. Es regulatoria. Chile debiera moverse hacia un esquema de cuatro piezas: excepción acotada para investigación científica y fines no comerciales; derecho efectivo de opt-out legible por máquina para titulares; obligación de transparencia sobre fuentes y categorías de entrenamiento para modelos fundacionales; y, sobre todo, un marco de licenciamiento interoperable que permita negociación colectiva y compensación justa. Ese es el camino que conversa con Europa.
La discusión abierta por Anatel importa mucho más de lo que parece. No trata solo de canales de televisión ni de una pelea sectorial. Trata de si Chile quiere usar la regulación para ordenar mercados digitales complejos o, en nombre de la modernización, evadir la creación de una real política industrial para la economía del conocimiento.
