¿Por qué fuimos a la Contraloría?

Concurrir a la Contraloría General de la República para fiscalizar los actos administrativos de los gobiernos y alcaldes/as de turno, se ha convertido en una herramienta que, a veces, es eficaz en dicha fiscalización y que otras veces se usa para marcar un punto político o agrietar la imagen de la autoridad gubernamental o comunal. Por eso es importante explicar el sentido de haber concurrido a dicha repartición el día jueves 27 de septiembre, junto a la Diputada Karol Cariola, con el objetivo de requerir un pronunciamiento, acerca de lo que consideramos un acto administrativo ilegal por parte de la Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH-Sida e ITS en el fondo y la forma. Primero, al distribuir a las SEREMI de Salud y a los Servicios de Salud del país el documento borrador que propone la Modificación del Decreto 182 – Reglamento del Examen de VIH sin contar con la toma de razón por parte de Contraloría; Segundo: que dicha modificación representa un retroceso en las políticas públicas de VIH al equiparar el Test Rápido/Visual de VIH a un examen de sangre, restringiendo por lo tanto su aplicación en espacios abiertos.

Algo de historia.

A raíz de una denuncia de AHF Chile respecto de los obstáculos que había puesto la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso para la realización de dos Campañas de Pruebas Rápidas de VIH en espacios abiertos en las comunas de El Quisco y Valparaíso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la sesión del 20 de agosto, acordó invitar al Ministro de Salud, Dr. Santelices, a concurrir a dicha Comisión para dar cuenta de los avances del Plan Nacional de VIH y de las razones para impedir las Campañas de Test Rápidos de VIH en espacios abiertos realizadas por ONG’s.

El Ministro de Salud se excusó de participar en la sesión del 03 de septiembre, siendo representado por la Jefa de la DIPRECE, Dra. Santander y la Jefa del Programa Nacional de VIH, Ana María San Martín.

En dicha sesión, se le consultó a la Jefa de Programa si existía alguna razón para que las ONG’s no pudieran aplicar dichas campañas en espacios abiertos, manifestando la autoridad que no existía impedimento para hacerlo. Por lo cual, la Diputada Cariola solicitó al presidente de la Comisión se oficiara a las SEREMIs de Salud del país como a los Alcaldes que no existía impedimento para esas acciones.

Punto aparte es que las representantes del Ministerio de Salud no lograron entregar respuestas convincentes a las consultas de las/os diputados, por lo que se volvió a invitar al Ministro de Salud para la sesión siguiente (10 de septiembre).

El 04 de septiembre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ofició a las SEREMIS de Salud y Alcaldes que no existía impedimento para realizar test de VIH en espacios abiertos.

Programa de VIH emite Directrices de Test de VIH y Modificación del Decreto 182.

Al mismo tiempo, el Programa de VIH hizo llegar a las SEREMIs de Salud del país, dos documentos: Directrices para detección del VIH a través de Test Visual/Rápido en acciones intra y extramuro y el Documento Borrador que Modifica el Decreto Nº 182 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del examen para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y que en éste borrador agrega el Art. 13 (nuevo) en el cual se regulan los test rápidos “o dispositivos diagnósticos de resultados inmediatos”

La presentación ante Contraloría consta de dos partes. La primera de ellas dice relación con la ilegalidad de distribuir un documento como este sin que haya existido el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría.
La segunda parte dice relación con el fondo de la cuestión. La modificación incurre en un error al equiparar el tamizaje realizado a través de una prueba rápida con un examen de VIH.

El Pronunciamiento de la División Jurídica del Ministerio de Salud.

Dentro de las medidas propuestas por la administración anterior luego de conocer el alza de notificaciones por VIH, estuvo la incorporación de los test rápidos en los centros de atención primaria y centros comunitarios. Para tener más antecedentes de la forma de operar, el Jefe de División de Atención Primaria solicitó un pronunciamiento sobre su uso a la División Jurídica del Ministerio de Salud para iniciar el Plan Piloto de implementación de Test Rápidos de VIH en APS.

Dos semanas después (13 de diciembre de 2017) la División Jurídica respondió que dichos Test se incluyen dentro de los dispositivos médicos, en donde se ubican el Hemoglucotest y el Test de Embarazo. De acuerdo a la Guía de Tecnovigilancia del ISP (2015), se define como usuarios de dichos dispositivos médicos “al Centro Hospitalario, profesional de la salud, paciente o público en general” (p.10).

Modificación restringe el uso y aplicación de Test Rápidos de VIH solo a profesionales de la salud.

A pesar de la indicación de la División Jurídica, el inciso segundo del nuevo artículo (Nº 13), establece que la aplicación de los Test Rápidos de VIH “deberán ser realizados por médicos, bioquímicos, químicos, farmacéuticos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos o técnicos de enfermería o laboratorio clínico. El personal señalado deberá estar debidamente capacitado”. Lo que va directamente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el Sida para facilitar el acceso al diagnóstico, más cuando en Chile tenemos 25 mil personas que no saben que viven con VIH y una tasa de mortalidad de 2.9%, mayor que la de 2005, la que se debe principalmente a los diagnósticos tardíos.

Por eso fuimos a la Contraloría.

Porque consideramos que la distribución de una Modificación del Decreto Nº 182 sin el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría es una pésima práctica administrativa que solo confunde a las autoridades regionales y a los Servicios de Salud del país, pone obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil que desean implementar campañas de pruebas rápidas de VIH en espacios abiertos dirigidos a la población general y grupos específicos a los cuales no alcanzan los servicios públicos.