Quizás al alcalde Alessandri le falta un poco de displicencia para alejarse del conflicto, verlo desde afuera y entender que sus vergonzosas declaraciones, junto a las de una treintena de estudiantes del Instituto Nacional, están socavando uno de los principales bastiones de la educación pública de Chile.
El alcalde, quien ha amenazado con cerrar el mayor colegio público del país con el objetivo de “refundarlo”, ha caído en las mismas mañas con la que se desenvuelven los extremistas que han secuestrado al Instituto Nacional. Bajo esta lógica de quien pega más fuerte, el edil se ha rebajado y ha dejado escalar un conflicto que bien podría haber sido solucionado con otra disposición o una mejor muñeca, si se quiere.
Quizás esté buscando distanciarse de la complaciente administración de Tohá, quizás esté buscando un par de aplausos de los sectores más duros de la derecha; pero, ¿a qué costo? ¿Vale la pena criminalizar a cuatro mil estudiantes por treinta extremistas? Tampoco seamos injustos. La tarea de un sostenedor no es fácil, es cierto; menos tratándose de uno que reúne a un gran número de los colegios emblemáticos.
Enfrentarse a una dirigencia estudiantil que no rechaza abiertamente los hechos de violencia –bombas molotov incluidas–, tres centros de apoderados distintos para un mismo colegio, una pasarela de rectores que han perdido protagonismo en la conducción de la comunidad estudiantil y una historia de conflictos que se arrastra por más de una década son síntomas de un colegio que bien podría estar en la UCI.
Como alcalde, Alessandri no solo tiene que restablecer el imperio del derecho a través de desalojos, sino que también debe promover el diálogo entre los miembros de la comunidad escolar, crear espacios de participación en la elaboración de las soluciones, ayudar a levantar la moral de aquellos que confiaron en un proyecto educacional que hoy tambalea y quizás lo más importante: aprender a morderse la lengua.
Alessandri debe ahora demostrarnos que sí tiene las herramientas y las competencias.
