Es el corazón de la reforma constitucional de seguridad. El nuevo Estado de Excepción contenido en la propuesta ingresada por el Ejecutivo el lunes de esta semana es considerado transversalmente como el cambio más profundo que se intenta introducir a la carta fundamental.
La inclusión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la ampliación de las facultades presidenciales para restringir derechos y el extendido periodo por el que puede ser decretado —120 días prorrogable por el mismo lapso— hacen de la nueva figura excepcional el arma estrella del Gobierno del presidente Kast para enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, la propuesta no termina de cuajar en las derechas. Por razones distintas, desde Renovación Nacional (RN) al Partido Nacional Libertario (PNL) han adelantado su rechazo o, al menos, su intención de modificar y atenuar sus principales disposiciones.
El texto, que ingresó a la secretaría del Senado a una semana de ser firmado por el mandatario, indica que “el Estado de Excepción de seguridad pública no podrá extenderse por más de ciento veinte días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
Y añade que el jefe de Estado podrá “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”.
Son esos dos aspectos, sumado a la ambigüedad de que no se establece claramente al superior jerárquico entre las policías y FF.AA., que hacen temblar el respaldo del oficialismo.
Sobre la falta de preparación de las propias Fuerzas Armadas para asumir un rol en el combate al crimen organizado, el senador Miguel Ángel Becker (RN), quien proviene de las filas del Ejército, fue categórico: “Las Fuerzas Armadas no deberían continuar actuando como parte del orden interior, sino que sean reforzados Carabineros y la Policía de Investigaciones con mayor capacitación y preparación para cumplir esa labor”.
En conversación con EL DÍNAMO, Becker agregó que, sin reglas claras sobre el uso de la fuerza ni respaldo político, “en mi opinión las Fuerzas Armadas no deben salir a combatir el crimen organizado”, y recordó que la institución está entrenada para el “combate en localidades” dentro de un conflicto urbano, no para enfrentar a delincuentes con “bombas molotov, piedras, fierros y palos”.
El segundo cuestionamiento se centra en la extensión del plazo. A diferencia de los estados de excepción ya contemplados en la Constitución, el nuevo mecanismo podría regir hasta 240 días —120 más otros 120— sin que medie aprobación del Congreso para la prórroga.
Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, expresó su inquietud señalando que “estas herramientas, cuando caen en malas manos, han sido mal utilizadas. ¿Chile las necesita? Sí. Yo se las daría al presidente Kast, feliz. ¿Quiero que queden para siempre para que las ocupen presidentes en el futuro sin especificar o sin detallar? Me parece que hay que hacer una segunda discusión”.
El tercer nudo es la amplitud de los derechos que la norma habilita a restringir de una sola vez —movilidad, reunión, asociación, comunicaciones, propiedad—, lo que en sectores de la derecha se asimila derechamente a un estado de sitio.
Así lo planteó Johannes Kaiser (PNL) quien apuntó a que “los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos”.
Y advirtió: “La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta 8 meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución. En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”.
El diputado Pier Karlezi (PNL)fue en la misma línea tras reunirse con el ministro Arrau. Según el legislador, la bancada dejó en claro al Gobierno su postura de que no existe apoyo al estado de excepción mientras no haya seguridad —especialmente en materia de jurisdicción— para quienes lo llevarán a la práctica.
A diferencia de lo ocurrido con la megarreforma previsional, donde el Ejecutivo cerró el diseño antes de negociar, en este caso La Moneda se ha mostrado más receptivo a que el Congreso participe de la redacción del articulado.
La razón detrás de esa apertura es aritmética: el Ejecutivo es consciente de que hoy no tiene los votos.
Para reformar la Constitución necesita el respaldo de 4/7 —89 votos en la Cámara y 29 en el Senado—, y en la Cámara Alta sólo cuenta con 24 sufragios seguros entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Ni siquiera sumando a los senadores que respaldaron la megarreforma llega el Ejecutivo a un piso garantizado, mientras que en la Cámara el PDG ya cerró la puerta a través de Franco Parisi, y el PNL mantiene su apoyo en suspenso.
