Este lunes se aprobó en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados el proyecto que crea un royalty minero, despachándose a Hacienda para continuar su tramitación. El aumento del precio del cobre por sobre cuatro dólares la libra, sumado a la recuperación económica global que generará una gran demanda del mineral, ha llevado a los especialistas a proyectar un nuevo súper ciclo del cobre, tal como el que vivimos hace algunos años. Por eso, es urgente sentar las bases de la discusión y poner en relieve las injusticias que han ocurrido históricamente con los territorios donde se extraen estos recursos.
Para esta discusión, es preciso partir clarificando que en Chile no existe un royalty, lo que hay en la actualidad es un impuesto específico a la gran minería que se define según las utilidades de las empresas. El royalty es el dinero que cobra el Estado por la extracción de sus recursos naturales no renovables, que se aplica a las ventas totales de las empresas y no sólo a las utilidades.
Asimismo, debemos aclarar que, a pesar de que el impuesto específico se aplica hace varios años, su rendimiento recaudatorio ha sido muy pequeño. Investigaciones recientes han demostrado que Chile ha perdido una enorme oportunidad de percibir más recursos para financiar gasto público, y que la gran minería del cobre ha recibido utilidades “extraordinarias” (es decir, si se hubieran cobrado como royalty, la extracción seguía siendo rentable), entre 2005 y 2014, de más de 120 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente 13.000 millones de dólares cada año. Frente a esto, el promedio de recaudación vigente en el período 2010-2019 es de apenas 600 millones de dólares.
En este contexto, hoy tenemos una oportunidad para aprobar un efectivo royalty a la gran minería y así convertir al cobre en el verdadero “sueldo de Chile”. Si implementamos esta medida con una tasa del 15%, podríamos recaudar cerca de un tercio de las “utilidades extraordinarias” que las mineras percibieron en el último “súper ciclo”. Esa cifra permitiría costear, por ejemplo, 20 hospitales de alta complejidad anualmente o instalar paneles solares en todos los hogares de Chile en un plazo de cinco años.
Por otra parte, si estableciéramos que un tercio de lo recaudado tenga que ser gastado en las zonas donde se explota el mineral, podríamos triplicar la inversión pública en esos territorios, contribuyendo a lograr justicia territorial y ambiental, que es también justicia intergeneracional, si pensamos en las condiciones de vida que estamos determinando para las próximas generaciones. De este modo, por ejemplo, no tendríamos en Calama el Plan de Descontaminación congelado producto de los cálculos de las empresas, particularmente de Codelco, que han presionado para que no vea la luz, escatimando en recursos.
Es urgente que el Gobierno se abra a esta discusión, tanto para ayudar a las personas que sufren por la pandemia como para invertir en el futuro, con especial foco en nuestros territorios. Sólo así, el cobre será realmente “el sueldo de Chile”.
