Vivir en comunidad se ha transformado, en los últimos años, en algo cada vez más habitual en nuestras vidas; en las comunidades existen reglas que regulan la convivencia entre todas y todos, desde temas administrativos a seguridad del condominio. Sin embargo, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, creada hace 24 años, no da cuenta del hecho de que las necesidades de las vecinas y vecinos han cambiado. Esto, ha dejado en evidencia que existe un problema social invisibilizado ante los ojos de las autoridades.
Una propuesta de Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria surgió hace tres años, donde desde Urbanismo Social nos hemos hecho partícipes exponiendo y haciendo propuestas para mejorar la norma, acogiéndose al menos siete alternativas que llevamos al Congreso desde nuestra experiencia del trabajo con comunidades, pero desde el año pasado permanece en tercer trámite con urgencia simple, sin indicios de que se retome. Desde nuestra Fundación, hemos puesto énfasis en modificar la realización de asambleas presenciales reconociendo la validez de asambleas virtuales para efectuar la entrega de la administración por parte de las inmobiliarias en diversos proyectos para la gestión autónoma de la comunidad, o de la puesta en marcha de las asambleas de manera directa en condominios de vivienda social.
En tiempos de pandemia, cuando habiendo millones de chilenos en cuarentena es inviable realizar una reunión físicamente, lo que hemos planteado es la posibilidad de hacer encuentros telemáticos, cumpliendo con el quórum exigido por la ley, dando garantías y verificando la identidad de quienes participen y, por último, entregar los antecedentes al Juzgado de Policía Local respectivo para su comprobación y aprobación. Pero, según la normativa actual, esto no tiene validez. ¿Qué más alternativas tenemos?
Hoy, esto se ha transformado en un problema que está afectando a miles de familias, porque no se pueden constituir los comités de administración en los condominios. Los nuevos propietarios, además de recibir su vivienda, necesitan una organización para que la convivencia sea efectiva. La verdad es que una modificación a la ley de manera oportuna frenaría una situación que podría ir escalando. La reforma debe ir de la mano de la modernización colocando en el centro a la comunidad: no es la pandemia la que ha detenido la organización de las comunidades; sin embargo, la actual norma no actualizada, sí.
