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16 de Septiembre de 2021

Un Chile para nuestros niños

No sólo la infancia y su contexto deben ser la prioridad del Estado, sino que, además, el trabajo de todos los ministerios que la afectan debe retroalimentarse y coordinarse. Así, las políticas derivadas de Desarrollo Social, Mujer, Educación, Salud y Trabajo, deben ser evaluadas a la luz de sus efectos en niños y niñas, siendo el bienestar de ellos el criterio determinante.

Por Pía Turner
Durante los primeros años, el desarrollo de la persona es mayor al de todas las etapas posteriores, y cómo viva el niño está relacionado con sus posibilidades de tener un buen desarrollo cognitivo, buena salud física y mental. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Pía Turner

Pía Turner es Encargada de Proyectos de Acción Educar

En este septiembre se suma a la conmemoración de fechas importantes para nuestra patria, la deliberación de las propuestas de los candidatos presidenciales. En efecto, la próxima semana tendremos el primer debate, y es de esperar que, finalmente, escuchemos sobre las políticas que promuevan una buena infancia para nuestros niños y niñas, dado que los programas para esta etapa han demostrado ser los de mayor retorno social y económico.

Durante los primeros años, el desarrollo de la persona es mayor al de todas las etapas posteriores, y cómo viva el niño está relacionado con sus posibilidades de tener un buen desarrollo cognitivo, buena salud física y mental, de no verse involucrado en crímenes, de completar más años de educación y tener éxito en el mercado laboral, entre otros. De esta forma, el ambiente en el que nazcan y crezcan impactará directamente en nuestra sociedad y economía, por lo que es muy difícil que un programa logre realmente cambiar el futuro del país si no aborda la infancia. Especialmente cuando se calcula que más de 400.000 menores de 7 años vivían en 2017, antes de la pandemia, en situación de pobreza multidimensional.

Hace cuatro años, la salida a la luz de los horrores en el Sename llevó a que “los niños primero” fuera una de las consignas más repetidas de la campaña, derivando también en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Sin embargo, este pacto no incluía suficientes medidas y el compromiso no fue lo suficientemente fuerte como para poder llevar a cabo un cambio radical en la primera etapa de vida de los chilenos. Prueba de lo segundo es que leyes como el Kínder Obligatorio o la Sala Cuna Universal, parte del acuerdo, todavía no son aprobadas.

Por otra parte, con la pandemia, la situación de nuestros niños no ha hecho más que empeorar. Por ejemplo, de acuerdo a  Unicef, a un año de la pandemia en Chile, ya se podía observar un retroceso global en todas las áreas del bienestar infantil y, entre otros datos de un informe que publicaron en agosto, dan cuenta que a fines de 2020 un 54% de los hogares con niños y adolescentes señalaba que sus ingresos eran menores a los que tenían previo a la crisis sanitaria, y el 55,8% hogares con niños señalaba haber suspendido o postergado consultas de salud. A lo que se suman los efectos en las familias y estudiantes del cierre de establecimientos educacionales, entre los que destaca el mayor nivel de deserción en educación parvularia en la última década. Cabe recordar que programas de educación parvularia de alta calidad han logrado en otros países disminuir la desigualdad de oportunidades de niños de diferentes niveles socioeconómicos.

En consecuencia, desde Acción Educar consideramos que los programas para niños y niñas deben estar en el corazón del próximo gobierno y proponemos un plan de “Infancia 360° y Alerta Temprana”, a través del cual se diseñen los mecanismos para coordinar el trabajo e información que manejan todas las instituciones que afectan a las familias que tienen hijos pequeños, con el objetivo de que se les dé el apoyo necesario para que puedan proveer de un ambiente adecuado para el desarrollo de sus hijos y hacerse cargo de los efectos de la pandemia en ellos, a la vez que se levantan a tiempo las alertas de los casos que necesiten de intervenciones más profundas.

Para lograr lo anterior, no sólo la infancia y su contexto deben ser la prioridad del Estado, sino que, además, el trabajo de todos los ministerios que la afectan debe retroalimentarse y coordinarse. Así, las políticas derivadas de Desarrollo Social, Mujer, Educación, Salud y Trabajo, deben ser evaluadas a la luz de sus efectos en niños y niñas, siendo el bienestar de ellos el criterio determinante.

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