En Chile según la Ley Nº21030 del año 2017, se puede interrumpir el embarazo en virtud de tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo vital de la madre. Pese a ser un tema controversial en nuestro país, el martes 28 de septiembre, con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la cámara de Diputados y Diputadas ratificó reformar el Código Penal, que busca eliminar las sanciones a aquellas mujeres que interrumpan su embarazo hasta cumplir las 14 semanas de gestación. Este hito es histórico, pues el aborto dejaría de ser sancionado.
Desde el punto de vista de las libertades individuales, el Estado debe ser garante, independientemente de las creencias que puedan surgir en temas de tal envergadura. La temática del aborto no pasa inadvertida en prácticamente ningún lugar del mundo, en un contexto donde la discusión cobra relevancia e interés desde los aportes teóricos, críticos, conservadores y feministas, pues existe una necesidad y es que miles de mujeres sean oídas, sometiendo a revisión todas las visiones socioculturales que hoy nos rigen a través de las distintas normativas y sistemas morales imperantes, tanto en oriente como en occidente.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte de esas libertades individuales, que en otra época hubiesen sido inaceptables e inentendibles. Hoy, el mundo es diverso, multicultural y al mismo tiempo global e interconectado. En este contexto, el respeto a las libertades individuales sin afectar el bien común de la sociedad en su conjunto, es la ecuación que permitiría una convivencia social en justicia e igualdad de derechos.
Lo anterior no se logra solo a través de marcos legales, sino con una formación ciudadana basada en la tolerancia, el respeto y solidaridad, valores que nos pueden permitir avanzar a una cohesión social en que todas y todos tengamos cabida.
