Papeleo distractor en la educación

Febrero es un mes de receso total para los colegios y sus comunidades. Si antes la ley permitía que los docentes pudieran ser convocados para actividades de perfeccionamiento o de preparación, hasta por tres semanas consecutivas, la Ley Miscelánea –aprobada el año pasado y aún pendiente de ser promulgada- cambió dicha facultad, limitándola solo a las tres primeras semanas de enero. Si bien se protege el descanso de los profesores, se ve restringido el campo de acción del equipo directivo para una adecuada preparación y planificación del año escolar.

Cambios normativos como este y una gran cantidad de cargas administrativas introducidas en la última década, han desviado las prioridades de los líderes educativos, obligándoles a enfocarse en cumplir las exigencias burocráticas y no en asuntos propiamente pedagógicos.

La Ley de Aseguramiento de la Calidad del año 2011 creó un sistema (SAC) con instituciones, políticas y acciones que buscaran asegurar la oportunidad de una educación de calidad para todos los estudiantes. Si bien esta nueva institucionalidad y recursos disponibles son un avance, aumentaron los procesos y requerimientos hacia sostenedores, docentes y especialmente equipos directivos, sobrecargando la gestión educativa. Esto ha derivado en la duplicidad y falta de claridad en los roles de este sistema. A partir de lo anterior, se generó un amplio consenso en que el sistema no funciona como un todo articulado y coherente (Informe Todos al Aula, 2019).

En relación con lo anterior, uno de los anuncios legislativos del Ministerio de Educación ha sido reformar el SAC. Para ello, proponemos considerar el trabajo realizado por la Comisión “Todos al Aula”, que presentó 46 propuestas para reducir la sobrecarga administrativa, con el objetivo de reposicionar a los colegios y sus líderes en el centro del sistema educativo. Estas incluyen, entre otras, la realización de un diagnóstico y evaluación de la operatividad del sistema; establecer ciertos criterios comunes; lograr una calendarización integrada; mejorar la coordinación del apoyo técnico pedagógico; y perfeccionar los procesos de fiscalización de los entes que son parte del sistema y de aquellos que no.

Es evidente que todo cambio a las normas y procesos implica adaptaciones. El sistema educativo no es la excepción y debe estar preparado para esos cambios. Sin embargo, cuando una ley introduce modificaciones que aumentan en exceso la carga burocrática de los colegios, se está retrocediendo. Este es el caso de la Ley de Inclusión del año 2015, la cual generó duplicidades y excesos de rendiciones de recursos impuestos a los colegios. Una de las medidas extendió el mecanismo de rendición de cuentas de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) al resto de las subvenciones. Se trata de un mecanismo de rendición poco amigable, demandante en costo y recursos humanos, que, al ampliarse, deja de ser una obligación razonable.

En ese sentido, un proyecto que ley cuya discusión debería retomarse es aquel que moderniza y flexibiliza el uso de la SEP para los colegios (boletín N° 12.979). Este permite que sus equipos directivos puedan volver a concentrarse en los desafíos que son propiamente pedagógicos y poner nuevamente el foco en la calidad.