Este lunes 27 se cumplen 13 años del terremoto, donde una importante parte de la infraestructura del país se vio comprometida. Desde entonces ¿qué hemos aprendido? ¿Hoy estamos como país mejor preparados para enfrentar un terremoto de la magnitud del ocurrido en febrero del 2010?
Claramente lo estamos. Las ciudades y localidades costeras cuentan con señalética de evacuación, sistemas de alarma temprana y lugares específicos establecidos como zonas seguras. Se identificaron e incorporaron en los planos reguladores las zonas de riesgo tanto por deslizamiento de tierra como por inundaciones por tsunami. Poblados completos, que antes estaban junto al mar, fueron trasladados a lugares seguros, como es el caso de Caleta Tumbes.
También, se diseñaron y construyeron viviendas anti-tsunamis para quienes prefirieron quedarse en su lugar de origen o donde la alternativa de reubicación no era viable, como en Dichato. Junto a esto, nuestra exigente normativa sísmica fue adecuada, incorporando los aprendizajes obtenidos de los estudios realizados post-terremoto y en la actualidad podemos decir -con mucho orgullo- que contamos con una de las normativas de cálculo estructural para edificaciones más estrictas y seguras del mundo. Cualquier edificio que se haya construido en Chile siguiendo lo establecido en la NCh 433 debiera poder sobrellevar sin grandes inconvenientes sismos de alta magnitud, incluso como el ocurrido en Valdivia el 1960.
Pero los terremotos y tsunamis no son los únicos desastres naturales que se presentan en Chile. De hecho, Chile está permanentemente expuesto a siete de los nueve grandes desastres naturales que ocurren en nuestro planeta. Una muestra de ello es lo que está ocurriendo en la zona que abarca desde el Maule a La Araucanía, donde el fuego de los incendios forestales ha arrasado con cerca de 500.000 héctareas de bosques y vegetación, ha cobrado 25 vidas humanas y consumido casi 2000 viviendas dejando cerca de 8000 personas damnificadas.
Los sistemas de respuesta oportuna a este nivel de afectación están instalados para dar una respuesta relativamente rápida a las necesidades más urgentes. Pero la tarea más dura comienza cuando la emergencia va en retirada y las expectativas de una rápida reconstrucción obligan a las autoridades a actuar con premura en la recomposición de las estructuras habitacionales y productivas, y que producto de la burocracia, normalmente, tardan más de lo necesario. Es aquí donde aún nos falta avanzar. En modernizar y automatizar los sistemas de respuesta del Estado que permitan un fluido proceso de reconstrucción, pero además que nos permita hacerlo con la posibilidad de construir de forma más resiliente.
Si bien es complejo resolver la ecuación de realizar una rápida reconstrucción, recomponer el tejido social y productivo, buscar edificar minimizando los riesgos, es imperativo que lo hagamos. Tal como en el 2010 el proceso de reconstrucción incorporó las medidas de mitigación de riesgo, todo proceso de reconstrucción debiera hacerlo, de manera que contemos cada vez con una infraestructura de soporte social que sea más resiliente a los permanentes desastres naturales que nos remecen.
