El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llega a la próxima semana sin resolver los principales reparos que despertó el borrador de la reforma constitucional en seguridad. Pese a que el texto socializado generó rechazo en el oficialismo y de la ministra de Salud, May Chomali, el Gobierno no ha vuelto a exponer una versión actualizada ante las fuerzas oficialistas.
El proyecto tuvo su firma simbólica el lunes 10 de agosto, en un acto en La Moneda con la mesa del Senado presente, pero el mensaje presidencial aún no ingresa formalmente a tramitación.
La presentación ante los parlamentarios, que estaba prevista para el jueves 13 de agosto, quedó postergada para este lunes 17.
En el intertanto, Arrau socializó el borrador con los parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Seguridad de la Cámara y el Senado, en un esfuerzo por llegar a un texto jurídicamente sólido antes de su ingreso. La primera aproximación, sin embargo, dejó un gusto amargo, según supo EL DÍNAMO: los equipos jurídicos de las bancadas advirtieron errores y discrepancias en el documento.
El principal reparo apunta al inciso tercero del nuevo artículo 9° bis, que inhabilita a los condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico —durante la pena y por 15 años después de cumplida— para acceder a prestaciones estatales de salud, educación, trabajo y seguridad social.
La molestia no se limitó a Chomali
Consultada en CNN Chile, Chomali advirtió que la norma “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes”, como la Ley de Urgencia, que obliga a atender a toda persona frente a un riesgo vital. La ministra agregó que hará “todo lo posible por que el derecho a la salud siga consagrado en la Constitución”.
Arrau respondió en Radio Infinita que Chomali “desconoce el proyecto constitucional” y que se trata de “una reforma que no tiene que ver directamente con salud”.
En una declaración pública posterior, el ministro precisó el origen del malentendido: “He hablado con la ministra de Salud. Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional. Lo que se ha filtrado en la prensa es algo muy antiguo”.
La respuesta, sin embargo, no conformó al senador Matías Walker (IND-Evópoli), cuyo voto es considerado clave para el Gobierno: la reforma constitucional requiere 4/7 del quórum del Senado. A través de X, Walker sostuvo que la iniciativa “sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud”.
Y acotó con una advertencia a La Moneda: “No cuenten con mi voto para esta locura”.
El cruce escaló hacia el Partido Republicano. Su presidente, el senador Arturo Squella, respondió que “aparecerán temores en algunos que tratarán de frenar los cambios que necesitamos para ganarle al crimen organizado” y acusó que “no es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la estamos hoy”.
Walker replicó que su posición “no es buenismo”, sino “hacer las cosas bien, con gente que sepa; con carácter, decisión y tecnología”.
Un reparo que también es técnico
Walker no ha sido el único en cuestionar el diseño de la reforma. El senador Andrés Longton (RN), integrante de las comisiones de Seguridad y Constitución, planteó en entrevista con EL DÍNAMO que el proyecto debe ser “estricto, ojalá minimalista, que repercuta en una diferencia real para la ciudadanía y el Congreso, y que tenga una bajada legal coherente con eso”.
Longton condicionó su evaluación a conocer “el contenido completo de la reforma”.
La objeción de fondo, según juristas de las bancadas oficialistas, es que el borrador se adentra en materias propias de una ley y resulta demasiado extenso y específico para tratarse de una reforma constitucional.
Que una misma disposición reúna la declaración general del deber estatal, el régimen penitenciario diferenciado y las inhabilidades a beneficios sociales dificulta, sostienen, una lectura ordenada del precepto y complejiza su futura interpretación por los tribunales.
La recomendación que llegó a La Moneda apunta a que sea la ley —y no la Constitución— la que fije esas diferencias, en lugar de blindarlas de antemano.
Por ahora, Arrau no ha dado señales de oficializar una nueva presentación ante el Senado. En el oficialismo apuestan a que el ministro convoque una nueva ronda de conversaciones para acordar un texto común antes de que la reforma avance, lo que anticipa que la definición podría retrasarse todavía un par de días más.
