El senador Alfonso de Urresti (PS) fue el rostro visible del requerimiento ambiental que la oposición llevó al Tribunal Constitucional contra la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast. Y el jueves, el TC le dio la razón en uno de los puntos más resistidos del proyecto: declaró inconstitucional la indemnización a empresas por la anulación de una RCA, aunque mantuvo en pie, acotada, la invariabilidad tributaria que el Ejecutivo consideraba el corazón de su reforma.
El parlamentario por Los Ríos —que además ha estado en el centro de la polémica por la Ley de Humedales Urbanos, tras ser señalado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, como responsable de atrasos en proyectos habitacionales en Valdivia— conversó con EL DÍNAMO sobre el fallo, la conducción de Hacienda durante la tramitación y los desafíos que enfrenta la oposición de cara a la reforma de seguridad.
—Usted coordinó y presentó el requerimiento de los senadores contra la indemnización por anulación de RCA. Mirando el panorama completo, ¿qué tan relevante es la victoria que obtuvieron en el Tribunal Constitucional?
—Es relevante porque evita un retroceso en materia ambiental. Aquí se quería introducir una nueva figura de pago por revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), alterando por completo la legislación sobre responsabilidad del Estado y estableciendo una discriminación brutal respecto de otro tipo de proyectos. Es una fórmula que existe en Brasil, y creo que esto permite evitar el retroceso ambiental que inspiraba —o que subyacía— en la megarreforma de Reconstrucción Nacional.
—En lo político, esta norma también era relevante para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien la defendió en varias oportunidades y no dio mayor espacio a modificarla. ¿Qué tanto cree que toca el corazón de la megarreforma que el TC haya anulado este apartado?
—Es relevante porque, insisto, evita el retroceso. Era una señal equívoca hacia cierta impunidad ambiental, y creo que el Tribunal Constitucional la revirtió. Además, esto nos permitió generar un arco amplio de actores críticos: incluso en la presentación en comisión fueron los propios gremios empresariales quienes manifestaron su disconformidad con la norma, junto a organizaciones ambientales.
Tan pronto se presentó la reforma en la Cámara de Diputados pudimos armar un equipo de trabajo junto a los senadores Ricardo Celis y Diego Ibáñez, y un conjunto de asesores, para trabajar esta normativa. Ahí se hizo una muy buena presentación y una muy buena defensa por parte de la abogada Melissa Mallega ante el Tribunal Constitucional.
—Esa noche del jueves, cuando se conoció el fallo, el oficialismo y el ministro Quiroz intentaron matizar lo que en parte fue una derrota para el Gobierno en el TC. ¿Cómo vio esa reacción?
—Yo creo que el ministro canta victoria porque sacó adelante una serie de elementos para reincorporar la invariabilidad. En eso, el ministro se jugó por esa alternativa y, más allá de limitaciones y restricciones en materia de invariabilidad, lo logró. Yo creo que en el ámbito ambiental esto era un gustito.
Algún ideólogo de la reforma quería dar una señal —creo que equívoca— hacia ciertos inversionistas, pero creo que se ha fallado, más bien, en un buen sentido: se ha restablecido un principio general de responsabilidad del Estado con este fallo.
—Mirando hacia atrás no solo la megarreforma, sino la manera en que el Gobierno ha ponderado lo medioambiental frente a las decisiones económicas, ¿cómo ve esa relación?
—La naturaleza se ha encargado de demostrar una serie de aspectos en los que seguramente los ideólogos del programa de gobierno no creían. Al inicio de esta administración tuvimos una ofensiva detractora respecto de los humedales, que eran vistos como un impedimento para el desarrollo del país. Luego de los temporales, tanto en la zona norte como en la central y la sur, los humedales han sido reconocidos unánimemente por alcaldes, autoridades locales y organizaciones como ecosistemas capaces de absorber, mediante soluciones basadas en la naturaleza, la enorme cantidad de agua caída. Entonces, esa dicotomía de que el medio ambiente no importaba, de que era un lastre para el desarrollo, creo que ha quedado refutada por la propia realidad.
Invariabilidad tributaria: “El Gobierno no dejó margen para la negociación”
—Sobre la invariabilidad tributaria: el TC acortó de manera bien mínima la norma y en lo medular, la fórmula del Gobierno, muy cuestionada por la oposición durante toda la tramitación, tanto en el Senado como en la Cámara, quedó intacta. ¿Fue una derrota?
—Hubiera deseado un fallo más contundente respecto de una serie de principios constitucionales que se ven afectados, principalmente la afectación a la propia soberanía legislativa y tributaria, que va a afectar a futuras administraciones. Creo que no es necesario este tipo de invariabilidad para dar certeza a los inversionistas. La certeza se da, por ejemplo, no echando abajo concesiones ya en proceso, como desgraciadamente lo hemos visto hace un par de semanas en la Región del Biobío.
Creo que la invariabilidad tributaria, conseguida con tan poco respaldo político y cuestionada socialmente, no da certeza ni tranquilidad a los inversionistas internacionales, sino que sigue sembrando un manto de duda sobre modificaciones futuras con una nueva administración.
—¿No se pudo haber hecho algo más por parte de la oposición en el debate antes de ir al TC?
—No comparto la fórmula de cómo se llevó adelante esta reforma. Hubiera deseado un mayor debate, abrirse a nuevas opiniones. Lo vimos en el último veto que presentó el Gobierno a propósito del pago a 30 días, algo que le hicimos ver al ministro en la sala. Ahí agradezco que el ministro haya recogido el guante: esta semana vamos a hacer una presentación para que se regule y se aplique efectivamente la ley de pago a 30 días. En ese veto hubo varias abstenciones del propio oficialismo, porque creo que todos reconocemos que es una tremenda anomalía, un perjuicio enorme para miles de pequeñas y medianas empresas cuyos pagos se realizan a 30, 60, 80 o 100 días, generándoles un costo financiero enorme.
—¿Pero cree que el comité —el Partido Socialista, el PPD y el Partido Liberal— pudo haber hecho más para moldear la norma y evitar que quedara en los términos que quería el Gobierno?
—Creo que el Gobierno partió con una premisa de muy poca capacidad de diálogo, señalando que la reforma iba tal cual se había presentado, sin abrirse siquiera a matices de plazos: para ellos era una condición sine qua non. Fue un planteamiento original que dejó muy poco espacio para discutir. Critico esa forma: uno siempre puede conversar, puede discutir, pero el Gobierno estableció ciertos límites que hacían imposible un diálogo constructivo, uno que mejorara el proyecto.
—Usted señala al Gobierno, ¿no hay una reflexión sobre cómo la oposición se aproximó al diálogo?
—Nosotros, al menos como Partido Socialista, definimos en nuestra propia instancia nacional que no estábamos de acuerdo con la invariabilidad tributaria. No compartimos esa fórmula, menos aún con la rebaja tributaria, cuando no había ninguna explicación de cómo se iban a asegurar los fondos que se dejarían de recaudar. Creo que el Gobierno no dejó margen para la negociación, y algunos senadores del Partido por la Democracia que llegaron a algún acuerdo respecto de ciertos plazos terminaron frustrados. Hubo, de parte del Gobierno, una sucesión de desaciertos que me parece muy lamentable.
—Mirando el proyecto completo, ¿qué balance hace de la tramitación para la oposición? Da la impresión de que no logró influir demasiado en la megarreforma…
—No comparto ese criterio. Creo que se pudo dar una discusión en la que el Gobierno no sacó su propuesta tal cual la llevaba, a pesar de tener mayoría. Al menos en medio ambiente me siento contento de haber podido articular no solo a la oposición, sino a un conjunto de actores sociales. Hemos defendido principios básicos, como el de no regresión, un principio esencial en el ordenamiento jurídico ambiental que tenemos que hacer valer.
—Ahora se aproxima la discusión de la reforma constitucional de seguridad. ¿Qué lecciones debería sacar la oposición, la izquierda y la centroizquierda, de la tramitación de la megarreforma para obtener un resultado distinto esta vez?
—Creo que hay que tener propuestas propias, bien desarrolladas, y contar con interlocutores en el Gobierno con mayor capacidad de diálogo. Espero que en esta reforma el ministro Alvarado, el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad Pública puedan tener equipos de trabajo transversales que permitan discutir y moldear las reformas, y también recoger los planteamientos que nosotros hemos presentado. Aquí tenemos una continuidad: el Socialismo Democrático, a través de su exministra Carolina Tohá y, particularmente, de Luis Cordero, fue puntual al inicio de las reformas de seguridad y orden público, y espero que se pueda continuar en esa línea con los proyectos que no alcanzaron a tramitarse.
Tenemos un conjunto de trayectorias que permite hacer una discusión mucho más fluida.
