Este 29 de mayo se cumplen cinco años desde el inicio de la vigencia de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, cuerpo legal que ha tenido una implementación paulatina, y que conforme al proyecto de ley que envió la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en julio de 2016, tenía como objetivo “reformar completamente el régimen jurídico del sector”.
La referida ley realizó profundos cambios en la arquitectura institucional que ejerce la gobernanza del sistema de educación superior: creó una Superintendencia de Educación Superior –lo que en la práctica hizo que el sistema se tratara como un sector regulado–; creó también una Subsecretaría de Educación Superior, sucesora legal de la División de Educación Superior (Divesup); reorganizó la composición de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); y adecuó algunas atribuciones del Consejo Nacional de Educación (CNED) en lo que concierne a educación superior.
La normativa tiene la virtud de señalar que la educación superior es un derecho, que cumple un rol social, y que el sistema es de provisión mixta. Asimismo, es dable destacar también que explicita diferentes principios rectores de común aplicación para todas las instituciones de educación superior, entre los que destacan autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos e inclusión.
Quizás uno de los aspectos más relevantes de la norma es que reconoce en forma explícita la existencia del subsistema técnico-profesional, a la par del subsector universitario, no habiendo entre ellos ninguna clase de subordinación o jerarquía de uno por sobre otro. Esto implica un desafío monumental: avanzar hacia una verdadera cultura de educación superior, con una perspectiva de conjunto global, con horizontes de largo plazo, puesto que en nuestra historia –particularmente la reciente– han sido mayoritariamente las universidades las que han concentrado el foco de atención de las políticas públicas del sector.
Entre los múltiples desafíos que tiene el sistema por delante, considerando las diversas obligaciones que impone la Ley de Educación Superior a las instituciones, se cuentan mejorar los mecanismos de asignación y distribución del financiamiento, históricamente pensados en las universidades y sus estudiantes, en desmedro de las casas de estudio técnico profesionales y quienes cursan carreras en ellas.
En una época en la que el financiamiento de la educación superior será uno de los aspectos centrales de la discusión sectorial, a partir de la estrecha capacidad fiscal del Estado, cabe aprovechar la oportunidad para corregir ciertas distorsiones en distintos instrumentos de asignación de los recursos, provocando arbitrariedades que repercuten en los alumnos y sus familias. Lamentablemente, las discusiones más técnicas en la esfera pública no siempre lo consideran, aún cuando son parte consustancial del ámbito educativo en que los estudiantes e instituciones se desarrollan.
Otro desafío apremiante está dado por la necesaria modernización de la estructura de títulos y grados vigente en el país, diseñada en la década de los 80, absolutamente anacrónica para los desafíos sociales de nuestra época, como los requerimientos de un deprimido mercado laboral y las complejas exigencias provenientes de los sectores productivos.
