Desde febrero de 2022 entró en vigencia la Ley de plástico de un solo uso (Ley 21.368) en Chile, cuyo objetivo principal es disminuir la generación de residuos en nuestro país.
En concreto, se limitó la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, fomentando la reutilización, se impulsó la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de botellas plásticas desechables.
La Ley 21.368 tiene diferentes normativas, las cuales iniciaron una vez que entró en vigencia en 2022 y en agosto de este año se añaden nuevas medidas.
La nueva fase de regulación entrará en vigor a los dos años de entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 13 de agosto de 2023, donde todos los almacenes y minimarkets tendrán la obligación de vender y recibir botellas retornables, tanto en comercio presencial como electrónicos.
En abril de este año, Oceana junto con la coalición Supera el Plástico realizó una consulta ciudadana llamada “¿Cuál es la percepción general de la ciudadanía sobre la Ley de Plásticos de un sólo uso?” que arrojó luces interesantes sobre el tema.
Según esta encuesta hay un alto interés en conocer más acerca de esta ley. Los resultados reflejan un alto grado de acuerdo en que hace falta actuar a nivel nacional (88%), y desde el Estado (85%) para abordar la contaminación por plásticos de un sólo uso.
Ante la pregunta si la gente sabía que en Chile existe alguna ley sobre plásticos de un sólo uso, el 29% declaró conocer una normativa al respecto, mientras que el 71% dijo no conocer o no estar seguro.
La ciudadanía solicita mayor difusión y saber cómo aportar para contribuir en la reducción de estos plásticos desechables. A dos años de entrada en vigencia de la ley es impresentable que un 62% de las personas desconozca de acciones que esté realizando el Gobierno para difundir o implementar la ley, y un 72% cree que no se han tomado las medidas necesarias para esto.
Al consultar de manera específica por las obligaciones actuales de la ley, sólo el 18% reconoce saber sobre la prohibición en la entrega de bombillas, cubiertos, revolvedores de plástico y productos de plumavit por parte de los locales de expendio de alimentos, como restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, entre otros. Igualmente, sólo el 18% declara conocer la obligación actual de los supermercados de vender y recibir botellas retornables a través de sus canales físicos y digitales.
El llamado entonces es claramente aumentar la información y acoger la demanda de la ciudadanía -declarada en evidente desconocimiento de la normativa- de explicar de mejor forma en qué está la ley actualmente.
Los datos son contundentes y no podemos hacer oídos sordos a aquellas personas (88%) que declararon estar dispuesto/as a hacer un esfuerzo por cambiar sus hábitos, porque finalmente existe voluntad. La clave radica en la educación, la difusión y la colaboración entre el Gobierno, los medios de comunicación y la ciudadanía. Con esfuerzos conjuntos, podemos lograr un impacto duradero y trascender las fronteras del desconocimiento. Solamente así se podrá llegar a integrar la norma y hacerla costumbre, tal como sucedió cuando usuarios tuvieron que decir “chao” a las bolsas plásticas el año 2019.
