La Moneda, a través de la Subsecretaría del Interior, presentó una indicación al proyecto para agilizar las expulsiones administrativas, donde obliga a estamentos públicos y privados a “acusar” a inmigrantes irregulares cuando concurran a realizar trámites.
Según informó La Segunda, el subsecretario Máximo Pavez indicó ante la Comisión de Gobierno del Senado que esto obligaría a consultorios, jardines infantiles, colegios, hospitales, Isapres, AFP y Fonasa a reportar estos casos al Servicio Nacional de Migraciones.
La indicación precisa que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite”.
Entre los antecedentes consignados están datos personales como domicilio, correo electrónico y teléfono, entre otros.
El Ejecutivo precisó que con ello se busca aprovechar las instancias en que inmigrantes irregulares concurren a realizar diligencias para postular a beneficios sociales o recibir atención médica, para fiscalizarlos y, si corresponde, expulsarlos.
El senador Andrés Longton (RN) recalcó que esta medida permitirá “acelerar procesos de expulsión” y de paso detectar falencias en materia laboral, apuntando que “esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos”.
