Monsalve, el convenio con Caracas y el secuestro de Ronald Ojeda

Una noticia que llamó poco la atención esta semana, pero muchas veces, las informaciones de pasillo nos entregan el contexto que no transmiten las declaraciones públicas.

El ex asesor y jefe directo de la víctima de Monsalve, ¸Gustavo Herrera, señaló que en medio de la conmoción que provocó el caso de la funcionaria denunciante en la subsecretaría, ningún asesor ponía el foco en la funcionaria, salvo para sospechar de ella. De hecho, muchos pensábamos que podía tener algo que ver con el viaje de Monsalve a Caracas en enero o con el crimen organizado.

Dicha teoría tenía el sustento en un artículo publicado por el diario venezolano La Razón, pocos días después del secuestro de Ojeda, el 21 de febrero, desde su departamento en la comuna santiaguina de Independencia, atendiendo a que dicho convenio incluyó la “actualización de los listados de prófugos de la justicia” y “antecedentes penales de blancos investigativos” de ambos países.

“A Chile le interesaba el convenio para obtener información de maleantes que se han infiltrado dentro de la migración venezolana. Pero como ese es un acuerdo recíproco, a la otra parte, que es el gobierno de Venezuela, no le interesa solicitar información de delincuentes que se han ido para allá… Le interesa que Chile le informe de los disidentes que se encuentran ahí”.

El día que Monsalve firmó el convenio en Venezuela declaró que el instrumento “implica que nuestras policías van a tener mecanismos de colaboración para compartir información que nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales, compartir la información respecto a estructuras criminales y los líderes de esas estructuras criminales, justamente para poder asegurarles a nuestros países que vamos a trabajar incansablemente para desarticular a las organizaciones que se dedican al crimen transnacional”.

Para Venezuela, Ojeda calificaba como una persona vinculada a delitos y también como prófugo, dado que se escapó de la cárcel política de Ramo Verde en 2017.

El documento tenía siete puntos y uno en particular es el que despertó suspicacias. Ese decía que el acuerdo contempla “compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela.

El abogado de la viuda de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, señaló que “siempre ha sostenido que pudo haber filtración o fuga de información en relación con el secreto que rodea el asilo que obtuvo Ronald Ojeda, que eso pudo haber sido usado para facilitar el lugar donde fue secuestrado y que permitió más tarde también que lo asesinaran”.

Luego de que el ex subsecretario del Interior fuera detenido por violación y también se le comenzara a investigar por obstrucción a la justicia y Ley de Inteligencia, las dudas de la viuda del ex teniente sobre Monsalve se acrecentaron.

Esto, porque él fue quien viajó a Venezuela a firmar un convenio de colaboración policial el 18 de enero, seis días antes de que ese país declarara “enemigo de la patria” al ex teniente y un mes antes de que fuera secuestrado y asesinado en Chile.

Según Héctor Barros, fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el móvil del crimen fue político. Ojeda vivía en Chile en calidad de refugiado cuando, la madrugada del miércoles 21 de febrero fue sacado de su hogar, en el piso 14 de un edificio, por sujetos caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones.

El viernes 1 de marzo su cuerpo fue encontrado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno.

Durante dos días, sufrió torturas y, finalmente, murió por “asfixia por tracción”. Los asesinos introdujeron el cuerpo en una maleta con cal y lo enterraron a metro y medio bajo tierra.