Activismo abusivo

Los tribunales de justicia cumplen un rol clave al resolver los conflictos sociales que naturalmente suceden en la sociedad. Este aspecto es un requisito básico para un Estado de Derecho moderno, en el que se respetan los derechos fundamentales de las personas y se persigue el orden público como antecedente directo del ejercicio de la recta libertad de las personas.

Es por este motivo que se requiere que, no sólo que los tribunales de justicia funcionen correcta y oportunamente, sino que las personas acudan a ellos de buena fe, solicitando la protección de intereses que legítimamente tienen y no presentando acciones y recursos como medio de dilatar alguna otra situación, con una finalidad distinta a la aparentemente señalada o, incluso, con intereses espúreos de por medio.

En materia medioambiental, lamentablemente existen sectores de la sociedad civil que, lejos de coadyuvar al objetivo de proteger la casa común para materializar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, han utilizado la vía judicial para detener indefinidamente grandes proyectos de inversión, los que tienen una justificación que dista al de la protección medioambiental.

Por ejemplo, así lo ha reconocido Matías Asún, Director de Campañas de la ONG Greenpeace en Chile, al sostener en audiencia pública en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, cuando sostuvo que “Tengo 56 mil socios donándome, lo que me garantiza poder judicializar cualquier cosa que me parezca que destruye el medioambiente (…) yo garantizo que puedo agregar unos 2 mil días (5,45 años) a cualquier proceso de evaluación ambiental (…)”. El video con su intervención se ha viralizado en los últimos días en distintas redes sociales.

Detrás de este activismo medioambiental, en que se reconoce tener el poder de paralizar proyectos a discreción, surgen algunas preguntas: ¿podrían inmiscuirse otros intereses además de los medioambientales para detener proyectos de inversión? ¿Qué interés legítimo puede tener Greenpeace para paralizar inversiones que darán trabajo a cientos de familias, que contribuirán con impuestos al Fisco, que permitirán mayor desarrollo en las zonas donde se instalen, entre otros? ¿Justifica el sólo interés por proteger el medio ambiente el abuso del sistema judicial para detener el progreso del país?

Por ejemplo, todos tenemos un interés en cuidar de las finanzas personales o del hogar. ¿Eso nos habilita a abstenernos de pagar impuestos como el IVA o la renta? O el natural interés en alimentarse, ¿permite forzar a otro en prohibirle a trabajar en un servicio para que exista fuerza laboral en el sector agroalimentario?

Estos no son ejemplos absurdos, sino consecuencias lógicas de pensar que todo interés, por mínimo que sea, permite tomar acciones al respecto. Por cierto que los tribunales deben permitir y tramitar demandas fundadas en intereses como las señaladas, cumpliendo con los mínimos de presentación de una demanda. No se trata de un asunto de competencias o atribuciones judiciales, sino un problema ético ante todo: ¿es lícito abusar de las instituciones para satisfacer el afán de protección de intereses? O también, ¿justifica el fin los medios propuestos o utilizados?

La ética clásica de Occidente, de raigambre cristiana, es clara: no. El fin nunca justifica los medios y, por consecuencia, no es lícito abusar de instituciones cruciales para el Estado de Derecho como los tribunales para proteger intereses por muy legítimos que sean, si es que lo son. Por lo tanto, lo que varias ONG han hecho hasta el día de hoy es un mal que erosiona poco a poco nuestra República, cual brisa marina que corroe los cimientos metálicos de un edificio costero.

Si bien la causa de este problema es ético, no es menos cierto que la ley cumple un rol en posibilitar dicha erosión. La posibilidad de otorgar acción popular en ciertas materias medioambientales, esto es, que cualquiera pueda solicitar la intervención de un tribunal, es precisamente lo que permite que ONG inescrupulosas utilicen el mecanismo judicial para entrampar a Chile en una falsa dicotomía entre medio ambiente vs. desarrollo económico.

Sin embargo, el problema no se agota en el contenido de la ley, sino en el modelo de protección del medioambiente imperante en nuestra sociedad. Un modelo paternalista que busca prohibir ex ante determinadas conductas y que busca anticiparse a todo tipo de consecuencias nocivas que puedan producirse es lo que nos ha llevado a años de tramitación de evaluación ambiental y el surgimiento de iniciativas como las descritas que abusan del sistema para lograr sus objetivos.

La alternativa es reforzar las normas sobre responsabilidad en materia medioambiental y permitir a las personas el recto ejercicio de su libertad para buscar y hacer el bien, bajo la consecuencia de que, en caso de contaminación, deberán reparar e indemnizar el daño causado.

Con ambos elementos, la judicialización ambiental se abocará en determinar la responsabilidad por el daño causado, persiguiendo la efectiva restauración del ambiente a sus niveles normales u óptimos, mientras que las ONG se enfocarán en buscar culpables del daño efectivamente causado. Mientras tanto, las inversiones no se paralizarán de forma innecesaria y, finalmente, nos daremos cuenta que el mejor aliado del medio ambiente es la inversión, la innovación y el crecimiento económico.