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Becas Chile: auditoría revela que deudores vienen en gran parte de colegios privados y comunas de altos ingresos

Más de 1.800 beneficiarios no cumplieron con sus compromisos. La deuda total asciende a $100 mil millones y el gobierno trabaja con la PDI para judicializar los casos más complejos.

Una auditoría al programa Becas Chile, solicitada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al asumir su cargo, adelantó este domingo algunos de sus resultados en El Mercurio. El informe completo aún no está listo: la ministra se comprometió ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados a entregarlo en menos de dos semanas. Pero lo que ya se conoce es llamativo: una parte importante de quienes recibieron el beneficio y no cumplieron con sus obligaciones proviene de colegios privados y de algunas de las comunas con mayores ingresos del país, entre ellas Las Condes, Vitacura y Providencia.

El estudio contempló más de 2 millones de datos provenientes de las 12 mil becas entregadas entre 2008, cuando comenzó el programa, y 2025. Entre los primeros hallazgos adelantados, más de 1.800 beneficiarios no cumplieron con los acuerdos pactados, lo que se traduce en una deuda total de $100 mil millones con el Estado.

El 70% no acreditó su retorno

La mayor parte de esa deuda, un 70%, corresponde a quienes no acreditaron su regreso a Chile al terminar sus estudios, una obligación explícita del programa. Para ubicar a quienes no han podido ser contactados y cuyo paradero se desconoce, el Ministerio de Ciencia está trabajando con la PDI.

“Paralelamente avanza el proceso de judicialización de los casos que correspondan. Estamos trabajando con la PDI para tener datos reales de dónde están las personas en aquellos casos en que no hemos podido tener contacto con ellos”, señaló Lincolao.

¿Se publicará la lista de los deudores?

La ministra también evaluó la posibilidad de publicar un listado con los nombres de quienes incumplieron, aunque el sitio web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ya cuenta con una lista pública que detalla el estado de cumplimiento de cada beneficiario.

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