Por años, han vivido en el limbo. No son huérfanos ni adoptados. Son los llamados niños en cuidado alternativo: miles de menores que, por decisión judicial, no pueden vivir con sus padres, pero tampoco han sido integrados a otra familia de manera definitiva. En teoría, están protegidos por el Estado. En la práctica, esperan. A veces durante años. A veces, toda la infancia.
Pollo, como le llama Pablo -su padre de facto, en el libro Yo también soy tu papá-, es uno de ellos. Entró al sistema con un año y cuatro meses, en una medida de emergencia. Pablo y su pareja aceptaron cuidarlo por tres semanas. Lo suficiente, pensaban, para evitar que terminara en una residencia. Pero las semanas se convirtieron en meses. Y luego en años.
A sus dos, apareció una tía. La institucionalidad se activó para que Alejandra se convirtiera en su familia de acogida extendida. Se intentó el traspaso. Pero el día en que eso iba a ocurrir su tía no llegó. Fue cuando Pablo entendió lo que ya era evidente: no lo cuidaba, lo criaba como hijo.
En Chile hay más de 15 mil niños fuera de sus hogares de origen. Diez mil con familias de acogida. Cinco mil en residencias. Algunos viven años en esa categoría -transitoria solo en el papel- sin certezas sobre su futuro. Y aunque todos los discursos hablan del interés superior del niño, la legislación ha sido ciega al apego. Reconoce su existencia, pero no lo regula ni lo protege.
Eso es justamente lo que busca cambiar la nueva Ley de Adopciones, que hace algunos días se aprobó en la sala del Senado, tras más de 12 años de tramitación. El proyecto incorpora una reforma mayor: que las familias de acogida -como la de Pablo- puedan adoptar. Hasta ahora, esa posibilidad estaba prácticamente vedada, por temor a “contaminar” el sistema tradicional de adopciones o por una visión rígida de la revinculación familiar, incluso cuando los progenitores han estado ausentes por años.
La nueva ley establece, además, un plazo claro: en un máximo de 12 meses, prorrogables por seis, un juez deberá definir si el niño vuelve con su familia de origen o se abre la vía adoptiva. La idea es terminar con la ambigüedad y evitar el desgaste emocional y el daño psíquico. Dar certeza a quienes, como Pollo, necesitan un arraigo para crecer.
La idea es seguir priorizando que los niños vuelvan con sus familias de origen, pero con límites. Que si los padres biológicos no muestran avances concretos, se tomen decisiones. Que no se separen hermanos. Que se fortalezcan las familias de acogida.
Pero el texto legal, que ha logrado algo bastante inusual -una confluencia entre el oficialismo y la oposición- también tiene ciertos puntos débiles. No hay presupuesto nuevo asignado ni una red de seguimiento post adopción o post revinculación, que garantice un acompañamiento para procesos tan complejos, como el regreso de un niño a un hogar donde antes fue vulnerado, o su tránsito a una nueva identidad familiar.
Sin ese monitoreo, el riesgo es alto: niños que sufren nuevas pérdidas, que son reingresados al sistema, que crecen -otra vez- a la intemperie emocional.
Pollo, a sus ocho años, ha tenido una vida intensa, con duelos, miedos y cambios de rutina. Y todavía no sabe si podrá quedarse con quien ha sido su padre toda su niñez. La ley indica que eso ya no pasará. Que nadie más vivirá una infancia suspendida.
Pero prometer no es garantizar. El verdadero desafío ahora no es solo despachar la ley, sino que asegurar los recursos para hacerla realidad. Solo entonces podremos decir, con algo más que buenas intenciones, que hemos dado un paso para que los niños dejen, por fin, de ser hijos del Estado.
