Chile vive tiempos en que la confianza en las instituciones está profundamente erosionada. La ciudadanía exige coherencia y rigor, especialmente de aquellas entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Por eso, el reciente escándalo que involucra al Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien no habría pagado las contribuciones de una de sus propiedades por cerca de nueve años, es doblemente grave: no solo por la infracción misma, sino por el daño institucional que provoca.
La evasión tributaria implica que el país deje de recaudar una gran cantidad de recursos, que faltan para salud, educación, seguridad y otras urgencias sociales. El SII es la institución mandatada para combatir este fenómeno. Su misión exige no solo aplicar la ley, sino ser ejemplar en su conducta. ¿Cómo podemos pretender que un contribuyente cumpla sus obligaciones si quien dirige el órgano fiscalizador es incapaz de cumplir las suyas más básicas?
Las explicaciones de Etcheberry, culpando a la “complejidad” de la normativa o al desconocimiento sobre sus propiedades, simplemente no dan el ancho. Revelan, además, una preocupante ignorancia de cómo funciona el sistema que él mismo encabeza. En Chile, el pago de las contribuciones no es opcional ni está supeditado a la “voluntad” de declarar una propiedad. Es un impuesto territorial que grava los bienes raíces, y la ley faculta al SII para fiscalizar y actualizar los roles de avalúo cuando detecta omisiones. Si durante nueve años no se pagaron contribuciones, no solo es responsabilidad del propietario, sino también un grave déficit de fiscalización por parte del propio SII.
Aquí se conjugan dos problemas. Primero, la falta de responsabilidad individual de una autoridad que debía dar el ejemplo. Segundo, y quizás más preocupante, la ineficacia del servicio para detectar situaciones tan básicas como un bien raíz por el que no se pagan contribuciones durante casi una década. Si el SII no es capaz de advertir estas irregularidades en el patrimonio de su propio director, ¿cómo esperamos que detecte estructuras complejas de evasión usadas por otros contribuyentes?
Este caso es más que una anécdota personal. Es un recordatorio de que la lucha contra la evasión y el fortalecimiento de la recaudación fiscal no se consiguen solo con discursos ni con reformas legales. Exigen instituciones sólidas, capaces y coherentes. Y, sobre todo, autoridades íntegras, que no solo exijan el cumplimiento de la ley, sino que sean los primeros en cumplirla.
Mientras el SII no ejecute plenamente su rol de fiscalizar, y mientras sus autoridades no se comporten a la altura de su cargo, cualquier discurso contra la evasión será letra muerta. La autoridad moral del servicio está en juego. Y, con ella, la confianza de millones de contribuyentes que cumplen —muchas veces con esfuerzo— con sus obligaciones tributarias.
