La Comisión de Hacienda del Senado tiene previsto votar esta semana (el miércoles o, a más tardar, el jueves o viernes) la idea de legislar la megarreforma, el proyecto emblema de la administración Kast, para que el texto pase a la sala la próxima semana.
Pero mientras ese trámite concentra la atención del Parlamento, el Ejecutivo aprovechó los últimos días para mover tres frentes que habían quedado postergados tras varias semanas en las que la actividad y el debate giraron casi exclusivamente en torno al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.
Este lunes, en una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el Gobierno dio a conocer los ajustes de uno de los proyectos que considera prioritarios para este año: la indicación sustitutiva a la iniciativa de sala cuna universal impulsada en la administración anterior.
La actividad contó con la participación de los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín; de Educación, María Paz Arzola, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.
La presencia de cuatro carteras en el anuncio no fue casual: La Moneda quiso subrayar que la iniciativa no es solo una política laboral, sino una apuesta transversal que cruza cuidado, empleo femenino y demografía.
El mandatario calificó la medida como un paso para “poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.
La propuesta del Ejecutivo apunta a resolver uno de los principales cuestionamientos que pesaban sobre el proyecto: su financiamiento, apelando a la situación fiscal del país y al aumento de los costos laborales para las empresas.
En concreto, las indicaciones eliminan lo que el ministro Rau describió como un “impuesto” a la contratación del empleo femenino, mediante la creación de un fondo para la sala cuna basado en una cotización que desacopla ese costo del número de trabajadoras que emplee cada empresa.
El actual sistema, que obliga a financiar el beneficio solo a empresas con 20 o más trabajadoras contratadas, ha sido cuestionado de manera transversal por generar incentivos adversos para la contratación de mujeres en el mercado laboral.
El ministro Rau subrayó que las indicaciones “toman la gran mayoría de los consensos que se han llegado en el proyecto anterior” y destacó que “ha habido un esfuerzo del Presidente Piñera, del Presidente Boric y si logramos avanzar nosotros, va a ser un logro para el país y un avance para los chilenos”.
La presentación de la indicación sustitutiva se da en medio de un complejo escenario laboral, reconocido por el mismo Kast quien vaticinó un complejo escenario para los próximos meses. La tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en un 10,5% según la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre febrero-abril de 2026.
Sin embargo, la apuesta por la iniciativa tiene otra arista relacionada con la apuesta de La Moneda de tomar en manos propias una serie de agendas que la oposición ha luchado por hacerse propias.
En sala cuna, por ejemplo, la oposición logró incluirla en la megarreforma a partir de una indicación del diputado Jorge Brito del Frente Amplio. Pese a su evidente inconstitucionalidad (sólo el Gobierno tiene la atribución de dictar normas que involucran gasto fiscal) para la oposición era una forma de presionar al Ejecutivo.
Pero con la indicación ya ingresada, ese flanco quedó desactivado.
El PC abre otro frente
Otro frente que abrió la oposición fue el debate en torno a la Ley Naín-Retamal aprobada en el gobierno de Boric.
La bancada del Partido Comunista ingresó un proyecto de ley que busca introducir cambios relevantes a la ley 21.560. En lo medular, lo que se busca es eliminar la presunción legal de legítima defensa privilegiada, considerada uno de los pilares de la actual legislación. El PC justifica su propuesta en la “fuerte represión a los manifestantes” que —a su juicio— se observa bajo la actual administración Kast.
La respuesta del Gobierno fue rápida. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció el sábado que el Ejecutivo pondrá suma urgencia a dos proyectos presentados por RN enfocados en el fortalecimiento de las policías.
El primer proyecto endurece las sanciones penales para quienes agredan o atenten contra miembros de Carabineros y la PDI, mientras que el segundo extiende la legítima defensa privilegiada a los policías que, estando de franco, intervengan para enfrentar delitos flagrantes o proteger a terceros.
“Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, escribió Arrau en su cuenta de X.
Más dientes para el delito de tráfico de migrantes
El tercer frente pasó inadvertido, pero partió el 8 de junio, cuando el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca ampliar las hipótesis del delito de tráfico de migrantes contenidas en el Código Penal.
El proyecto tiene dos ejes. El primero modifica el artículo 411 bis del Código Penal, que hoy solo sanciona a quienes faciliten o promuevan la entrada ilegal al país, para incorporar también la salida ilegal desde las fronteras chilenas. El mensaje presidencial sostiene que las estructuras del crimen organizado “no operan de forma unidireccional” y que captan activamente a personas dentro del territorio nacional para coordinar su egreso irregular hacia otros países, conducta que hoy no está sancionada. Colombia, Perú, Ecuador y Argentina ya contemplan ese enfoque bidireccional en sus legislaciones.
El segundo eje crea un nuevo artículo 411 bis A, que sanciona a quienes trasladen o transporten al interior del país a extranjeros con situación migratoria irregular, siempre que exista ánimo de lucro.
Las penas se agravan si durante el delito se pone en riesgo la vida o integridad física del afectado, si la víctima es menor de edad, o si el hecho es cometido por un funcionario público, caso en que se agrega la inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos.
La megarreforma como telón de fondo
El telón de fondo de toda esta actividad legislativa es el estado de la megarreforma en el Senado.
El Ejecutivo apostaba a tener un respaldo más allá del oficialismo, pero hasta el momento no se han acercado posturas, según admiten en el oficialismo y en la oposición.
En la oposición la postura está inclinada en rechazar la iniciativa, e incluso desde el PPD y el PC han manifestado la idea de recurrir al Tribunal Constitucional. El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, aseguró que los senadores de la colectividad —Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores— no descartan esa opción.
De todas formas, en el Senado ya parece zanjado que la fórmula del Gobierno será aprobar la reforma por un voto. Para ello, el Gobierno apunta a los senadores independientes Miguel Ángel Calisto, Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi.
