En la recta final de la carrera presidencial se ha cuestionado la responsabilidad que le cabe a José Antonio Kast por la situación en la frontera chileno-peruana. El aumento en el flujo de migrantes ilegales desde Chile hacia al exterior habría puesto en alerta a las autoridades peruanas aumentando su presencia militar fronteriza. Perú trataría de impedir el ingreso masivo de los migrantes ilegales que intentarían salir de Chile antes de ser expulsados por JAK, favorito en las encuestas. El asunto no es de fácil digestión y demanda matices.
Un primer asunto es advertir que parte del aumento del flujo migratorio desde Chile al exterior es estacional, es decir, normal y previsible en fechas cercanas a fin de año. De ahí que no sea excusable la tardía respuesta del gobierno actual frente a lo previsible. Un segundo asunto es dilucidar si la ausencia de solución para los migrantes actualmente en tránsito obedece a la falta de voluntad política del gobierno. Sería relativamente expedito, dicen los entendidos, que la autoridad coordinara la salida por Bolivia. ¿Quiere el gobierno solucionar el asunto o más bien apuesta a obtener provecho electoral alimentando la idea de que existe una posible crisis migratoria en el norte de Chile por culpa de JAK? ¿Es esta estrategia de la inacción una jugada ventajosa para el oficialismo o nuevamente yerra contribuyendo a fortalecer la posición del republicano como parece anticipar Jara? JAK ha afirmado que su sola advertencia haría a los migrantes salir de Chile voluntariamente y a su propio costo; y los hechos parecen darle la razón. De paso, le quita (una vez más) el piso a Jara.
El tercer tema es, a mi juicio, el más sustantivo. La situación de la frontera ha llevado a los críticos del republicano a reiterar sus cuestionamientos a la propuesta de expulsión de ilegales. Pero al hacerlo confunden argumentos sobre la viabilidad práctica de la propuesta de Kast (por plazos, negativa venezolana a recibir a sus connacionales, etc.), con la condena a la migración ilegal. Con ello, dejan de manifiesto que no entienden el dolor que enfrenta la ciudadanía, a pesar de la retórica de la candidata Jara cuando busca captar su voto. En efecto, se pueden cuestionar aspectos concretos de las propuestas de Kast y acusarlos de poco realistas. Pero no resulta en cambio coherente decir que se condena la migración ilegal, y decir al mismo tiempo, que es mejor “legalizar” a los residentes. ¿Por qué no empadronar a los migrantes ilegales sin antecedentes penales? ¿No es acaso esto más viable y humanitario que exigir que salgan de Chile para luego poder optar a entrar legalmente? Quienes plantean estas preguntas desde la candidatura de Jara no parecen advertir su contradicción.
Jara y el oficialismo no comprenden que los chilenos no solo quieren seguridad, sino que, sobre todo, quieren orden, disciplina e imperio de la ley. Quieren distinción entre víctimas y criminales. La pulsión ciudadana exige a la autoridad hacer cumplir la ley y distinguir lo que es una conducta lícita de la que no lo es, premiando la primera y castigando la segunda. Empadronar simplemente, es otra forma de igualar a quien cumple y quien no cumple, núcleo del octubrismo. Condonar la deuda del CAE, estar de manos atadas frente al alumnado que vandaliza su escuela, indultar a la primera línea que quemó Chile, justificar la evasión del Transantiago, hacer incobrable el TAG, restituir el voto obligatorio. La izquierda radical insiste en la salida fácil frente a cualquier asunto; elude lo que huele a obligación, deber, y responsabilidad personal. Esquiva lo que apela al honor, la promesa, y el compromiso. Escapa a la incomodidad, al sacrificio y a la disciplina. Y cuando alguien lo hace presente, se le acusa de facho. Así están las cosas.
