Por estos días, en las páginas de diarios, en las columnas de opinión, en las sobremesas y conversaciones de pasillo, las tres palabras que más se repiten son Parisi, Kast y Jara. Los apellidos que definen el futuro inmediato de Chile.
Pero en las alcantarillas de nuestro devenir hay una trama oscura y maloliente que intoxica a otro poder del Estado: el Judicial. Y no es aventurado pensar que esa cloaca se cuele hacia el Legislativo o el Ejecutivo.
La “trama bielorrusa” es el caso de corrupción más grave en la historia reciente de Chile desde que el Libro Negro de la Justicia develara las prácticas antiéticas -y en algunos casos, delictivas- que existían en tribunales.
Lo que hoy vemos es más menos así: a la destituida jueza de la Corte Suprema Angela Vivanco se le imputa haber favorecido en fallos al consorcio chileno-bieloruso Belaz Movitec a cambio de tres pagos: 14 mil dólares, 15 mil dólares y 45 millones de pesos. Un caso por el que Codelco, el perdedor, debió desembolsar 17 mil millones de pesos.
El mecanismo: después de cada fallo a favor de la empresa, Angela o su pareja, el operador Gonzalo Migueles, recogía un sobrecito y blanqueaba la plata sirviéndose de otros miembros de la gran familia judicial: los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle. Todo orquestado con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -ex diputado radical- defensores del consorcio bielorruso. Ambos habían estado bailando en la casa de Vivanco el mismo día en que se redactó uno de los fallos a favor de la empresa. Hasta a Buenos Aires se fueron juntos.
Ella dice que no debió inhabilitarse porque el artículo 194 del Código Orgánico de tribunales plantea que eso corresponde solo cuando hay parentesco, amistad o enemistad con las partes…no con sus defensores. Pero fue un caso por el cual, según lo hizo ver la misma Corte cuando la destituyó, Angela preguntaba demasiado y hasta alteró el orden de vista para que pudiese fallarse en un momento determinado.
En una entrevista del 3 de octubre del año pasado, Vivanco le dice a Canal 13: “Cuando uno ve una causa, no tiene idea quiénes son sus abogados”. ¿Entonces por qué aceleraba la revisión de caso?, cabe preguntarse.
Y cuando Soledad Onetto le pregunta si no debió inhabilitarse de acoger un recurso de amparo “presentado por Mario Vargas, quien es cercano a usted”, la exjueza, muy suelta de cuerpo, responde: “quiero aclarar los temas de cercanía… Conozco a muchos abogados, pero la palabra cercano lo aplico a las personas con las que una tiene una amistad íntima. Mi conocimiento de él es un conocimiento más externo” (imposible no acordarse del ex diputado Jaime Naranjo, cuando lo pillaron contratado a su mujer en la Cámara, y respondió con un cara de palo impresionante “¿pariente en qué sentido?”).
En los allanamientos a la casa de Vargas y Lagos la policía encontró millones de pesos en efectivo y cientos de dólares. Gente muy precavida en tiempos de billeteras digitales y Chat GPT.
Pero hay más. Diego Simpertigue. El 2024 la Corte Suprema publicó uno de los fallos que obligó a Codelco a pagar más de mil millones a la empresa bielorrusa. El fallo fue redactado por el juez, quien solo dos días después de que terminara el caso se subió a un crucero por el Mediterráneo…con el mismo abogado Eduardo Lagos y sus respectivas esposas. Pero (plop) no era la primera vez. En su declaración, el tercer socio de ese estudio de abogados, Gabriel Silber -también ex diputado- contó que el juez supremo ya había hecho otro crucero europeo con Lagos, Vargas y sus señoras.
Pero hay más. Las triquiñuelas habrían alcanzado a otra causa, esa que dejó al ex juez Sergio Muñoz fuera de su carrera judicial. Se trata de la inmobiliaria Fundamenta, que libró una batalla judicial contra vecinos de Ñuñoa por la construcción de un edificio. Muñoz había fallado en contra de la inmobiliaria, pero luego se le acusó de haber entregado información privilegiada a su hija para que no comprara un departamento en el fallido edificio. Apartado el juez Muñoz, se volvió a ver la causa. ¿Y qué pasó? Ciper revela que Vivanco pidió a Simpertigue que se sumara a la sala de la Suprema que revisó el caso, y el resultado fue favorable a Fundamenta. Ahora se conoce que la inmobiliaria pagó $608 millones al estudio de Lagos, Vargas y Silber y que, de ese monto, $410 millones se relacionan con haber sacado a Muñoz de la pista.
Pero hay más. Hasta el cierre de esta edición las aguas servidas ya había alcanzado al Parlamento. Primero, con un diálogo en que uno de los conservadores implicados en la trama, Sergio Yáber, sostiene que le pasó 1 millón 700 mil pesos al republicano Cristián Araya para, presuntamente, asegurar su voto en contra de la destitución del juez Antonio Ulloa, acusado de haberle pasado información clave a Luis Hermosilla. Ulloa igual fue destituido. Segundo, la alcantarilla llegó hasta el demócrata Matías Walker. El mismo conservador de bienes raíces le depositó 1 millón 600 mil pesos en mayo del año pasado con la glosa “regalo pasaje ahijado”. Walker dijo que era una ayuda de Yáber para su hijo que iba a hacer una pasantía en Canadá.
¿Pero hay más? Lo dejamos hasta aquí por ahora, porque en este caso se juega esa linda frase que dice que en Chile las instituciones… funcionan.
