Los recientes casos de corrupción en el Poder Judicial han remecido a un país que, por décadas, tuvo la solidez institucional como uno de los principales activos. Pero más allá del impacto mediático, estos episodios revelan algo más profundo: la fragilidad de una infraestructura invisible que sostiene nuestra vida económica y social. La certeza jurídica, esa arquitectura silenciosa que permite que los contratos se cumplan, que las inversiones fluyan y que las instituciones actúen sin presiones, funciona mientras nadie la cuestione. Y se resiente en cuanto aparece un manto de duda.
En esencia, ese es el trasfondo del caso “Muñeca Bielorrusa”. Más que un problema aislado, muestra
por qué Chile no puede darse el lujo de tener instituciones capturables o permeables a intereses indebidos. Cuando los estándares se vuelven opacos o discrecionales, la economía deja de operar sobre reglas y empieza a operar sobre relaciones. Y eso es injusto y caro. Sin tribunales independientes, los contratos se convierten en apuestas y el costo del capital se dispara.
Para una empresa del Estado que compite en mercados globales, esta no es una discusión teórica. La previsibilidad es el cimiento que permite comprometer inversiones, celebrar contratos de largo plazo y resguardar recursos que pertenecen a todos los chilenos. Como enseñaba Richard Posner, la estabilidad institucional es esencial para que los actores económicos puedan planificar sus conductas y asignar recursos eficientemente. Y Cass Sunstein ha insistido en que los mercados prosperan solo cuando las reglas se aplican de manera uniforme y confiable, un tejido que conecta prácticas, convenciones y legitimidad institucional.
Por eso, cuando Codelco decidió perseguir las responsabilidades en este caso, no lo hizo solo para recuperar pérdidas económicas. Lo hizo porque la confianza no se declara ni se impone por decreto: se gana y se ejerce con acciones concretas. Las empresas no pueden prosperar donde la arbitrariedad se normaliza y la ciudadanía no puede exigir probidad si quienes administran bienes públicos renuncian a defenderla. Cuando los controles funcionan y el escrutinio es real, ganan todos: la justicia, que recupera independencia; la economía, que distingue entre riesgos del negocio y riesgos institucionales; y la ciudadanía, que confía en que sus recursos están efectivamente protegidos.
La certeza jurídica es tan crucial para la economía como la estabilidad geológica para un yacimiento. Ningún proyecto con vocación de largo plazo ya sea una expansión minera, una alianza estratégica o un desarrollo tecnológico, puede sostenerse sin un marco que garantice imparcialidad, coherencia y previsibilidad. Chile fue, por años, un ejemplo de cómo la estabilidad de las instituciones atrae inversión y
genera crecimiento. Ese activo no se puede dar por descontado.
El fortalecimiento institucional no ocurre por inercia. Requiere sistemas de control efectivos, transparencia real y una vigilancia constante sobre la independencia judicial. A menudo pensamos en infraestructura física como puertos, carreteras o redes 5G como condición del desarrollo. Pero existe otra infraestructura, mucho más crítica y difícil de construir: el Estado de Derecho. Es la carretera por la que transitan los contratos, la inversión y la confianza. Si esa carretera se agrieta, el costo del viaje se vuelve, para todos, simplemente prohibitivo.
La solidez institucional no es un lujo académico, sino que es el requisito que hace posible proyectar el futuro. Para Codelco, actuar en este caso ha sido parte de ese deber: proteger estándares que no solo resguardan recursos públicos, sino que sostienen la confianza que permite invertir, innovar y crecer. En un contexto global volátil, defender esta infraestructura invisible, el Estado de Derecho, es una responsabilidad ineludible. Cuando las reglas son claras y se aplican sin excepciones, no solo gana una empresa o un sector, gana el país que aspira a un desarrollo verdadero y sostenible.
