En enero de 2024, un juez de Nueva Yprk ordenó desclasificar cerca de mil páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el multimillonario que entre los años 90 y 2019 operó una red de abuso sexual de menores mientras mantenía vínculos con expresidentes, príncipes europeos y magnates de la tecnología. Los archivos mencionan decenas de nombres conocidos. Desde entonces, ninguna de esas personas ha sido procesada. La desclasificación se presentó como una victoria de la transparencia, pero terminó convirtiéndose en un sustituto de la justicia.
Epstein murió en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual. Las autoridades determinaron que se suicidó. Su muerte cerró el caso penal en su contra, pero las víctimas esperaban que se investigara a quienes facilitaron sus crímenes durante décadas. Nada de eso ocurrió.
Bill Clinton aparece mencionado reiteradamente en los documentos. Estos confirman que viajó en el avión de Epstein al menos veintiséis veces entre 2001 y 2003. Los archivos no aportan evidencia de participación en actividades ilícitas, pero sí establecen una cercanía prolongada con quien operaba una red criminal. Hasta ahora no consta que algún fiscal haya citado a Clinton a declarar por estos antecedentes.
La banca que facilitó las operaciones de Epstein siguió un patrón similar. JP Morgan Chase manejó sus cuentas durante años, incluso después de que él fuera condenado en 2008. En 2022, las víctimas demandaron al banco por facilitar sus actividades criminales. En 2023, JP Morgan pagó 290 millones de dólares para evitar un juicio. Ningún ejecutivo fue procesado.
Esta percepción de trato favorable hacia las élites no es exclusiva del caso Epstein. En Francia, Nicolas Sarkozy fue condenado por corrupción, aunque cumple su pena en arresto domiciliario con brazalete electrónico. La consultora McKinsey fue investigada por irregularidades fiscales relacionadas con contratos millonarios con el gobierno francés; no obstante, la investigación lleva años sin derivar en cargos. En Alemania, Volkswagen reconoció haber instalado software para ocultar las emisiones reales de gases contaminantes en sus vehículos. Algunos directivos enfrentaron juicios, pero las sanciones finales fueron limitadas. En Estados Unidos, tras los dos accidentes del 737 MAX que causaron 346 muertes, ningún ejecutivo de Boeing fue procesado penalmente. En América Latina, el escándalo Odebrecht reveló una red de sobornos para asegurar contratos de obras públicas, si bien en Brasil se anularon sentencias clave del proceso. Los Panama Papers expusieron esquemas de evasión fiscal de decenas de líderes mundiales; pero el juicio en Panamá terminó en 2024 con la absolución de los 28 acusados.
El patrón se repite. Multas corporativas reemplazan la responsabilidad individual, los procesos prescriben, las condenas son anuladas por tecnicismos y los implicados negocian acuerdos económicos que les permiten evitar juicios. Este mecanismo funciona porque las élites han aprendido a usar las herramientas del sistema legal para protegerse. Contratan bufetes de abogados que conocen cada resquicio procesal y negocian acuerdos extrajudiciales que incluyen cláusulas de confidencialidad.
Los archivos de Epstein expusieron verdades que muchos ya sospechaban, pero no se ha hecho justicia. Seis años después de su muerte, Epstein sigue siendo el único culpable formal de una red que involucró a decenas de personas e instituciones. Las élites globales suelen encontrar fórmulas para sobrevivir a los escándalos en democracias con prensa libre e instituciones independientes.
¿Les resulta conocido?
