En Chile, estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad reciben recursos muy distintos solamente por el tipo de establecimiento al que pertenecen. Por cada estudiante matriculado, un establecimiento del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) con alta vulnerabilidad socioeconómica recibe, de parte del Fisco, cerca de $347 mil pesos, mientras que un particular subvencionado recibe $292 mil respectivamente, un 19% menos. Inclusive, establecimientos que pertenecen a la misma región, y que tienen un nivel similar de ruralidad, reciben menos recursos sólo por ser particulares subvencionados.
¿Qué hay detrás de esta brecha?
En primer lugar, una fuerte reducción de los recursos privados que reciben los establecimientos particulares subvencionados. En 10 años, los ingresos privados pasaron a representar un 14% de los ingresos totales a sólo un 7,9%. La Ley de Inclusión Escolar puso fin al financiamiento compartido, lo cual redujo de forma sustantiva los ingresos privados de estos establecimientos al limitar su capacidad para compensar la diferencia a través del copago. De esta forma, se consolidó una brecha estructural, que limita a los particulares subvencionados para converger a los niveles de financiamiento de los establecimientos fiscales.
En segundo lugar, se observa un aumento sostenido de los recursos fiscales destinados a los establecimientos públicos. Por una parte, la Ley N.º 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente —comúnmente conocido como Carrera Docente—, ha desempeñado un rol relevante, dado que la adscripción a este sistema fue automática para los establecimientos fiscales. Este hecho explica aproximadamente un 50% de la brecha observada en 2024 entre los establecimientos particulares subvencionados y los colegios públicos.
Por otra parte, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que ha destinado mayores recursos a establecimientos dependientes del gobierno central y las municipalidades, ha constituido una fuente adicional de financiamiento de carácter discrecional para los establecimientos fiscales. Se estima que su incidencia en la brecha es incluso mayor, considerando que, a partir de 2024, dichos recursos dejaron de estar sujetos a los mecanismos de rendición ante la Superintendencia de Educación.
Esta brecha es profundamente perjudicial para el sistema educativo en su conjunto. No solo vulnera el principio de trato igualitario entre estudiantes en condiciones similares, sino que también erosiona la calidad de la educación. La evidencia señala que los estudiantes vulnerables necesitan un mayor desembolso de recursos para poder alcanzar un mínimo de competencias y habilidades que les permitan poder desarrollarse. Cuando esos recursos son insuficientes, las posibilidades de progreso se reducen significativamente, limitando las oportunidades del estudiante para participar de manera integral en la sociedad.
Hoy, cerrar esta brecha le costaría al Fisco cerca de mil millones de dólares al año. Existen alternativas más eficientes: permitir un mayor copago en los establecimientos particulares subvencionados y remover las trabas burocráticas que limitan su gestión es un paso necesario para fortalecer un sistema mixto de educación que ponga la calidad en el centro.
