No es necesario que esperemos al 11 de marzo para poder afirmar con toda certeza que el Frente Amplio es lo peor, políticamente hablando, que le ha pasado a nuestro país desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Fue un camino largo, planificado y ejecutado con convicción. Desde 2011 en adelante, el Frente Amplio entendió la política no como un servicio público, sino como una trinchera ideológica. No buscaron construir mayorías amplias ni fortalecer la democracia, sino horadarla desde dentro, debilitando cada pilar que no se alineara con su relato. Las instituciones dejaron de ser un marco común y pasaron a ser obstáculos que había que sortear, presionar o directamente desacreditar.
Su relación con el poder siempre fue instrumental. Mientras estuvieron fuera del Estado, lo atacaron sin pudor. Cuando lograron capturarlo, lo ocuparon como botín. El discurso de los derechos fue una fachada útil, nunca un compromiso real. Los pobres, los niños, los estudiantes, los enfermos, los adultos mayores y las minorías no fueron sujetos de políticas serias, sino piezas retóricas, comodines emocionales para justificar cualquier exceso. No hubo empatía genuina ni vocación social. Hubo cálculo.
El Frente Amplio hizo del cinismo una forma de acción. Prometieron ética y entregaron desorden. Prometieron sensibilidad y exhibieron frivolidad. Prometieron competencia y ofrecieron improvisación. Cada error fue relativizado, cada fracaso maquillado, cada contradicción explicada con arrogancia. La autocrítica nunca existió, porque para ellos el problema siempre fue externo. La culpa era del pasado, del modelo, del empresariado, de la prensa, de la derecha, del centro, de cualquiera que no repitiera su libreto.
Durante estos años intentaron instalar la idea de una supuesta madurez. Dijeron haber aprendido, haber cambiado, haber comprendido la complejidad del Estado. Pero bastaba observar sus decisiones, sus declaraciones y sus prioridades para confirmar lo evidente. Seguían siendo los mismos que justificaron la violencia, que romantizaron el caos, que avalaron la destrucción como método político. El lenguaje se suavizó, pero el fondo permaneció intacto.
Nada mejoró. Al contrario, todo se degradó. La economía se debilitó, la seguridad se desmoronó, la confianza pública se evaporó. La calidad de vida retrocedió mientras el oficialismo insistía en culpar a factores externos. Nunca asumieron responsabilidad. Nunca reconocieron límites. Gobernar fue para ellos una extensión del activismo, no un ejercicio de prudencia.
En sus últimos estertores nos regalaron un recordatorio de cómo son, tal vez para que después, cuando intenten volver al poder, no nos quejemos de que no nos avisaron.
Antes fue el centro de torturas en la estación Baquedano del Metro, los casos Panguipulli y Pio Nono y hoy el de Julia Chuñil y Claudio Crespo.
No les importan las instituciones ni lo que éstas resuelven. Lo relevante para esta tropa de ególatras desinformados es lo que dicen sus agendas, sus colectivos, sus compañeres. ¿El Estado? Sólo cuando les da la razón.
Pareciera que están convencidos de que cuentan con un sistema de justicia propio, en el que pesan más sus sesgos, que el imperio de la ley.
Así no hay separación de poderes posible, no hay independencia, sólo la perversa lógica de que las cosas están bien cuando yo creo que están bien.
Es imposible, no se sostiene por ninguna parte, decir que se respetan las instituciones de la República y en la misma oración desconocer y cuestionar de manera flagrante los fallos de los tribunales o las investigaciones del Ministerio Público.
Cómo se puede ser tan irresponsable e infantil para aseverar con total seguridad que a una mujer mapuche la mataron por su (supuesto) compromiso medioambiental sin tener ni la más mínima prueba de aquello. Cómo se puede insistir en acusar una y otra vez de un crimen a un ex carabinero siendo que un tribunal de la República, en uso de las facultades que le entrega la Constitución, determinó lo contrario.
Resulta alarmante la facilidad con que se atribuyen motivaciones criminales sin antecedentes, o se insiste en culpabilidades que ya fueron descartadas. Esa conducta no es sólo irresponsable. Es peligrosa. Socava la convivencia democrática y erosiona la confianza en el sistema completo. Cuando el poder político desacredita sistemáticamente a la justicia, abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad.
El problema no es un error puntual ni una frase desafortunada. Es una forma de entender el poder. El Frente Amplio cree que la legitimidad nace de la convicción personal, no del respeto a las reglas comunes. Si algo no calza con su visión, entonces el sistema está equivocado. Esa lógica infantil, autorreferente y dogmática es incompatible con una república moderna.
El Presidente Boric encarna esa contradicción. Habla de institucionalidad mientras la erosiona. Invoca la democracia mientras relativiza sus contrapesos. Rodeado de una corte de fieles que confunden convicción con superioridad moral, ha demostrado una y otra vez que no mide las consecuencias de sus palabras ni de sus actos. Gobernar exige responsabilidad, no consignas. Exige mesura, no aplausos de galería.
Chile no merecía este experimento fallido. No merecía una elite política que se cree iluminada, superior moralmente, que desprecia la experiencia, que desconfía de la ley y que utiliza causas nobles como escudo para ocultar su incompetencia. El Frente Amplio no llegó para renovar la política. Llegó para degradarla.
En eso, sí que fueron exitosos.
