Marzo no solo traerá cambio de mando. También se hará evidente una situación fiscal de proporciones relevantes. Porque si algo logrará consolidar este gobierno en materia económica es un legado tan claro como incómodo: errores de cálculo, cifras maquilladas y un deterioro persistente de las arcas fiscales.
Durante los últimos días se ha conocido información sobre la ejecución presupuestaria a noviembre de 2025 y las señales son todo menos alentadoras. Menores ingresos a los proyectados y mayores gastos efectivos configuran un escenario de déficit significativamente más alto que el comprometido. Las estimaciones ya hablan de un déficit que podría superar el 3% del PIB. Una cifra que no solo tensiona la sostenibilidad fiscal, sino que confirma aquello que por meses se intentó relativizar: la meta simplemente no se cumplió.
No se cumplió pese a los reiterados anuncios de “esfuerzos de contención del gasto” en el último tramo de la administración. Porque, aunque se ajuste aquí o se postergue allá, cuando los supuestos de base están mal calculados, el resultado es inevitable. La aritmética fiscal no suele conmoverse con buenas intenciones ni con conferencias de prensa optimistas.
Conviene recordarlo: este no es un problema puntual ni aislado. Es el tercer año consecutivo que se incumple la meta de balance estructural. Tres años seguidos. No por una pandemia, no por una catástrofe natural, no por una crisis internacional inesperada, sino por “errores de proyección de ingresos”. Una justificación que, lejos de cerrar el debate, lo abrió con más fuerza.
Tan así fue que en el último año el Ministerio de Hacienda reemplazó el decreto que fijaba las metas fiscales anuales de balance estructural por otro con metas más deficitarias. El problema es que el Consejo Fiscal Autónomo cuestionó expresamente que los errores de proyección invocados por el Gobierno constituyeran un motivo extraordinario suficiente para modificar las metas. Dicho en simple: equivocarse no es una causal eximente.
Así las cosas, la próxima administración no solo recibirá una planilla Excel con números en rojo. Además, tendrá un desafío mayúsculo: recomponer las cifras y, más difícil aún, recomponer las confianzas. Confianza en que las metas fiscales son algo más que un horizonte flexible; confianza en que el balance estructural sigue siendo una regla y no una sugerencia; y confianza en que los supuestos macroeconómicos no se ajustan ex post para explicar por qué no se cumplió lo prometido.
El próximo ministro de Hacienda y la Dirección de Presupuestos tendrán por delante una tarea ingrata, pero ineludible. Deberán ordenar las cuentas, sincerar las proyecciones y, probablemente, tomar decisiones poco populares en un contexto político que no siempre premia la responsabilidad fiscal. Todo ello mientras se enfrentan a las consecuencias de una herencia que pudo y debió administrarse mejor.
La disciplina fiscal no es un dogma neoliberal ni una obsesión tecnocrática. Es una condición básica para que las políticas públicas sean sostenibles y creíbles. Y cuando se debilita, el costo no lo paga el gobierno responsable, ni tampoco el gobierno que lo sigue y que deberá lidiar con esa situación, sino que lo paga el país completo. Esa será, probablemente, la verdadera herencia de esta administración. Una que no se puede disimular con ajustes de última hora ni con nuevos decretos.
