Por años, La Araucanía ha vivido atrapada entre diagnósticos interminables, promesas incumplidas y una política indígena que terminó transformándose en un verdadero pozo sin fondo. Miles de millones gastados, expectativas que crecen sin límite y una violencia que durante demasiado tiempo el Estado prefirió mirar con ambigüedad.
El gobierno que termina deja lecciones que no deben olvidarse. Llegó al poder con un discurso ideológico, convencido de que el conflicto en la Macrozona Sur se resolvía relativizando el terrorismo, dialogando con quienes justificaban la violencia y profundizando una política de tierras que ya mostraba signos evidentes de fracaso.
Solo cuando la realidad se impuso —y cuando el propio Estado volvió a ejercer su autoridad— comenzó a cambiar el rumbo.
Hoy comienza una nueva etapa con el gobierno de José Antonio Kast, que ha puesto un énfasis especial en La Araucanía y en la recuperación de la seguridad en la Macrozona Sur. Ese compromiso genera esperanza en nuestro sur.
Pero también exige una advertencia.
La experiencia de las últimas décadas demuestra que el mayor riesgo no está solo en la violencia de los grupos terroristas. También está en las señales que envía el propio Estado: en las autoridades que se nombran, en las decisiones que se toman y en la coherencia entre discurso y acción.
Por eso el llamado a las nuevas autoridades es claro: no descuidar el compromiso adquirido con la ciudadanía.
La seguridad debe seguir siendo una prioridad absoluta.
Las señales que hemos visto en los primeros días de marzo son preocupantes. Tres atentados en pocos días —prácticamente uno cada dos jornadas— recuerdan que el problema está lejos de desaparecer.
Por eso el Estado no puede volver a titubear. La seguridad del sur y el combate al terrorismo debe seguir siendo una prioridad absoluta desde el primer día.
La historia reciente muestra otro dato relevante: cada vez que gobiernan sectores de derecha, los grupos violentos aumentan sus acciones.
Junto con la seguridad existe una oportunidad histórica que no debe perderse: cerrar de una vez el capítulo de la política de tierras, que durante décadas ha operado como un pozo sin fondo. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento avanzó en algo fundamental: el diagnóstico. Hoy existe información, antecedentes y propuestas suficientes para tomar decisiones responsables.
Seguir postergando ese debate solo profundizará el problema.
También será necesario abrir una discusión seria sobre instrumentos que en la práctica se han transformado en frenos al desarrollo regional. Me refiero a la aplicación de la Convenio 169 de la OIT.
Chile tendrá en 2029 la oportunidad de revisar su permanencia en ese marco internacional. Ese debate debe comenzar ahora.
Nada de esto implica desconocer la historia ni las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas Significa reconocer una realidad evidente: la política actual no resolvió el conflicto y seguir haciendo lo mismo solo prolongará la crisis.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. También enfrenta una advertencia clara: el sur de Chile ya no resiste más decepciones.
