En materia de seguridad vial hay una verdad evidente: la motocicleta es el vehículo más vulnerable que circula por nuestras calles. Su “carrocería” es, en los hechos, el propio cuerpo del conductor. En caso de accidente, quien primero y más gravemente sufre las consecuencias es el motociclista.
Pero reconocer esa vulnerabilidad no debería traducirse automáticamente en una penalización económica.
Hoy, el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para motocicletas puede multiplicar varias veces el de un automóvil particular. El mensaje implícito parece ser claro: como el motociclista puede lesionarse más gravemente, debe pagar más.
Esa lógica merece ser revisada.
Desde el punto de vista técnico, la gravedad de un accidente no depende únicamente de quién resulta más lesionado, sino de la energía involucrada en la colisión. Y la energía aumenta proporcionalmente con la masa del vehículo y el cuadrado de su velocidad. En términos simples: a mayor peso, mayor potencial de daño.
Un automóvil promedio puede superar con facilidad las dos toneladas de peso bruto vehicular. Una motocicleta, en cambio, pesa apenas una fracción de eso. Su capacidad de generar daño estructural a terceros es, objetivamente, mucho menor.
Entonces, cabe una pregunta legítima: ¿estamos fijando el precio del SOAP en función de la vulnerabilidad del conductor o en función de la capacidad real de generar riesgo sistémico?
Si el objetivo del seguro obligatorio es cubrir las consecuencias económicas de los accidentes, parece razonable que su tarificación considere variables objetivas como el peso bruto vehicular y la capacidad efectiva de causar daño, y no únicamente la severidad de las lesiones que puede sufrir el propio usuario.
De lo contrario, terminamos castigando precisamente a quien es más frágil dentro del sistema vial.
Además, esta distorsión tiene efectos sociales y económicos. La motocicleta es un medio de transporte eficiente, de bajo consumo, que reduce congestión y ocupa menos espacio urbano. Para muchos chilenos, especialmente en regiones y sectores de ingresos medios y bajos, representa una herramienta de movilidad y trabajo.
No parece coherente promover ciudades más eficientes y, al mismo tiempo, mantener un esquema que impone una carga desproporcionada a los vehículos más livianos del parque automotor.
Revisar el criterio de tarificación del SOAP no significa debilitar la protección de las víctimas. Significa, por el contrario, fortalecer la coherencia técnica del sistema y avanzar hacia una regulación más equitativa.
La vulnerabilidad merece protección.
No merece castigo.
