La ministra Rincón tiene hoy una agenda energética repleta. La crisis tarifaria que golpeó a hogares y empresas en los últimos años, los problemas de transmisión que impiden evacuar energía renovable desde el norte, los rezagos en distribución que no se condicen con las nuevas tecnologías, el debate sobre la seguridad del sistema, indexación de contratos, y el rol de los PMGD. Son problemas reales, técnicamente complejos, políticamente costosos, y que merecen atención inmediata. Pero hay una dimensión de la política energética que los trasciende en magnitud, en permanencia y en consecuencias: la dependencia energética estructural de Chile.
Como acertadamente señala el columnista Martin Sandbu, no se requiere de una guerra para hacerle ver a un país sin recursos de hidrocarburos lo extremadamente vulnerable que es depender del suministro de combustibles fósiles de terceros países. Chile ya lo experimentó con la provisión de gas natural… Sin embargo, su matriz energética sigue dependiendo en un 64% de fósiles. En 2025 el país gasto más de US$ 11.000 millones en importaciones de combustibles. Sí leyó bien, once mil millones de dólares.
El cierre del Estrecho de Ormuz — por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo — ha vuelto a demostrar cuán frágil es el sistema energético global. Según el reporte publicado en marzo de 2026 por Ember, por cada diez dólares que sube el precio del barril de petróleo, la factura global de importaciones crece en ciento sesenta mil millones de dólares al año. Europa aprendió el efecto con el gas ruso en 2022. Cuando el precio del crudo sube en Rotterdam o en Houston, la inflación sube en Santiago, el tipo de cambio se resiente y los hogares pagan la cuenta. Esta vulnerabilidad no es nueva ni sorpresiva.
En contraste, Chile posee uno de los mayores potenciales de energía renovable del planeta: radiación solar en el Norte que supera a casi cualquier otro punto de la Tierra, viento en la Patagonia, geotermia en el corredor andino. No es proyección de largo plazo: es tecnología disponible hoy, a precios competitivos. Los paneles solares han reducido su costo a la mitad desde 2022. Las baterías son un 36% más baratas. La flota mundial de vehículos eléctricos evitó el consumo de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo.
El estrecho eventualmente reabrirá. Los precios del petróleo bajarán. La crisis desaparecerá de los titulares. Pero la lógica estructural no habrá cambiado, y la próxima disrupción llegará. Lo que sí puede cambiar es la posición de Chile frente a ella.
Son momentos en que se debe resistir a la tentación de confundir argumentos sobre la excesiva regulación climática con otros intereses de los incumbentes para no ver mermada su posición.
Nunca se ha dicho que la transición e independencia energética y los desarrollos tecnológicos serán gratis, pero tampoco lo son los impactos ambientales, de salud, de inseguridad energética y desincentivo a nuevas tecnologías. ¿Podemos calcular la diferencia?
En el debate de hoy se incluye en forma preponderante la necesidad de contar con seguridad de suministro energético hasta el consumidor final y de reducir el costo tarifario. ¿Cómo se logra dependiendo sustancialmente de terceros que no controlamos y con precios sometidos a la volatilidad de los mercados globales en un contexto cada vez más incierto? ¿Qué aporte real tiene mantener el statu-quo para la competitividad exportadora de Chile en la nueva economía mundial innovadora donde prevalecen la IA, la electromovilidad, sistemas renovables/almacenamiento y producción de combustibles verdes?
El error estratégico de no hacerse estas preguntas como país y no identificar oportunidades de mejora o nuevos desarrollos resulta altamente preocupante y regresivo. Corregirlo requiere un firme liderazgo político.
