En el debate público chileno, los impuestos suelen tratarse como si fueran un fin en sí mismos. Para algunos, subirlos siempre es una señal de justicia; para otros, bajarlos es casi un imperativo moral. Ambos enfoques simplifican en exceso una discusión que exige mayor profundidad. Los impuestos no son buenos ni malos en sí mismos: son una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de cómo y para qué se utiliza.
En una economía social de mercado, con un Estado subsidiario, los impuestos deben cumplir un rol claro: apoyar a quienes más lo necesitan y financiar bienes públicos. No se trata de que el Estado añada recursos solo por acumularlos, sino de usarlos bien. Como advertía Jaime Guzmán, “detrás del Estado está cada uno de los chilenos, ya que los ingresos estatales se obtienen de los impuestos que –entre otros– también pagan los asalariados a través de los impuestos al trabajo e incluso al ciudadano más pobre por medio del IVA”. Es decir, cada peso que gasta el Estado es, en último término, un esforzado aporte de personas.
Por eso, la discusión no puede centrarse únicamente en si subir o bajar impuestos, sino en si estos cumplen adecuadamente su función. Si los impuestos fueran siempre positivos, la conclusión lógica sería aumentarlos sin límite. Si fueran siempre negativos, habría que eliminarlos. Ninguna de esas posiciones resiste un análisis serio. Lo relevante es que permitan recaudar de manera eficiente, sin asfixiar la actividad económica que los hace posibles.
Aquí es donde juega un rol la llamada curva de Laffer. Esta muestra que existe un punto a partir del cual subir impuestos no aumenta la recaudación, sino que la reduce, porque desincentiva la inversión, el trabajo y la formalidad. En otras palabras, no se trata solo de cuánto se cobra, sino de cuánto efectivamente se recauda. Un sistema tributario mal diseñado puede terminar perjudicando precisamente a quienes busca ayudar.
Esto es particularmente relevante en un mundo globalizado, donde los países compiten por atraer inversión. Chile no es una isla. Si nuestra carga tributaria se vuelve poco competitiva, el capital (y con él, el empleo y el crecimiento) simplemente se va a otros lugares. Y sin crecimiento, no hay políticas sociales sostenibles. Por lo mismo, tal como advirtió el Presidente en la cadena nacional, debemos hacernos cargo de que, mientras desde el año 2000 la OCDE redujo sus impuestos corporativos desde un 31% a un 22%, Chile los aumentó, en ese mismo período, desde un 15% a un 27%.
En este contexto, la propuesta de reducir el impuesto de primera categoría apunta en la dirección correcta. No es un “regalo a las empresas”, como algunos sostienen, sino una apuesta por reactivar la inversión, el empleo y, en definitiva, la recaudación futura. De hecho, el oficialismo reconoce que parte de la menor recaudación inicial se compensará con mayor crecimiento en el mediano plazo. La clave está en entender que crecimiento y equidad no son objetivos opuestos, sino complementarios.
Chile necesita volver a crecer. Y para eso, necesita reglas que premien la inversión, la innovación y el trabajo. Los impuestos deben estar al servicio de ese objetivo, no en su contra. Y si se logra ese equilibrio, el país logrará retomar la senda del desarrollo y ofrecer más y mejores oportunidades a todos.
