En 2025 Chile produjo 5.415.271 toneladas de cobre fino: 1,6% menos que el año anterior y el tercer registro más bajo de la década. Escondida alcanzó 1.345.100 toneladas y superó, por primera vez en la historia, a la suma de las divisiones propias de Codelco. Todo ello ocurrió mientras Cochilco elevaba su proyección de precio a US$4,95 la libra para 2026. Un país que produce menos cobre cuando el cobre vale más no tiene un problema de mercado: tiene un problema de Estado.
El resto de la economía es consistente con ese dato. El PIB del primer trimestre cayó 0,5%; en junio el Banco Central redujo su rango de crecimiento anual a 1,0%–1,75% y recortó la proyección de inversión desde 4,0% a 2,2%. La formación bruta de capital fijo se mueve en torno al 22%–24% del producto, lejos
del 28%–30% que sostuvo las décadas de expansión. Recuperar cinco puntos de ese cociente significa movilizar unos US$17.000 millones adicionales al año, y no hay otro sector capaz de absorber esa magnitud con encadenamientos industriales, salarios altos y retorno fiscal inmediato.
Lo notable es que la cartera ya existe. El catastro de Cochilco para 2025–2034 asciende a US$104.549 millones, el mayor nivel en más de una década, con ingeniería terminada, titulares identificados y financiamiento disponible. Lo que falta no es capital, ni recurso, ni ingeniería: falta una respuesta del Estado en un plazo compatible con la vida útil de una decisión de inversión.
Conviene descartar de entrada la tentación del milagro. No es posible agregar un millón de toneladas anuales en dos años: el ciclo de una concentradora toma entre seis y nueve años, y prometer lo contrario sólo desacredita la reforma que hace falta. Lo que sí puede comprometerse en veinticuatro meses es el paquete de decisiones que entrega ese millón de toneladas hacia 2032–2035. Un gobierno no promete toneladas: promete resoluciones ambientales otorgadas, contratos firmados y decisiones de inversión gatilladas. Esas tres variables son administrativas, medibles mes a mes, y son exactamente las que hoy están bloqueadas.
El tonelaje, además, no está donde suele buscárselo. Está en el brownfield: en el material que ya tiene rajo abierto, camino, concesión y comunidad instalada. Es más barato por tonelada, más rápido y menos conflictivo; en rigor, la política ambiental más eficiente disponible, porque produce más metal sobre la misma huella.
Tres casos ilustran la escala. El proyecto de continuidad de El Abra —US$7.500 millones, ingresado al SEIA en marzo de 2026— define si Chile suma 300.000 toneladas anuales o pierde las 91.400 que produjo el año pasado, porque sin él la operación termina en 2029. La integración de Collahuasi y Quebrada Blanca, dos yacimientos de clase mundial separados por diez kilómetros, ofrece unas 175.000 toneladas adicionales con una correa transportadora como inversión principal. Y el plan conjunto de Los Bronces y Andina entrega 120.000 toneladas anuales promedio durante veintiún años con capital marginal. Ninguno de los tres es un descubrimiento geológico: los tres son permisos.
A esa lista hay que agregar dos familias que la discusión pública ignora. La primera son los relaves: más de setecientos depósitos catastrados, buena parte inactivos y con contenidos remanentes de cobre, oro y elementos críticos. Es el único vector capaz de entregar metal y remediación ambiental a la vez, en ciclos de dos a tres años, y su obstáculo es puramente legislativo: falta un régimen que transfiera la responsabilidad ambiental al reprocesador bajo garantía y plan de cierre.
La segunda es la metalurgia. Los concentrados pasaron de 16% de la producción chilena en 1990 a cerca de 60% en 2024, y China recibe dos tercios de las exportaciones. La última fundición del país data de 1993; Ventanas cerró en 2023 y Hernán Videla Lira se paralizó en 2024. Nueva Paipote ya tiene aprobación ambiental y Codelco negocia con Glencore un complejo de hasta 1,5 millones de toneladas anuales. La fundición es un negocio marginal y una posición estratégica: capital privado y contratos de largo plazo, no subsidio.
Aquí aparece la precisión que ordena todo lo demás. Chile ya reformó la permisología: la Ley 21.770, de septiembre de 2025, reduce entre 30% y 70% los plazos de unos 380 permisos, impone la tramitación paralela y prohíbe la secuencialidad. Es una buena ley. Pero excluyó de su ámbito la evaluación ambiental y los permisos ambientales sectoriales: excluyó exactamente el cuello de botella de la gran minería, la energía y la infraestructura. El SEIA promedia unos 841 días y su propia reforma duerme en el Congreso sin prioridad.
La primera medida, entonces, no es una ley nueva: es extender al SEIA la lógica que el Estado ya aprobó para todo lo demás. Plazo máximo vinculante; dos rondas de observaciones con preclusión de lo no observado; consulta indígena consolidada con acta de cierre; tramitación conjunta del proyecto y de su
infraestructura habilitante; y plazo judicial cierto.
Falta la certeza. El Decreto Ley 600, derogado con efecto desde 2016, ofrecía invariabilidad tributaria y reglas escritas; bajo su vigencia Chile pasó de 1,6 a más de cinco millones de toneladas. El instrumento que lo reemplazó conserva la no discriminación, pero eliminó lo único que hacía valiosa la promesa. El punto ya no es la tasa: la Ley 21.591 fijó un techo de carga tributaria del orden de 46,5%; el problema es su reversibilidad. Convertir ese techo en garantía contractual por veinte o treinta años, mediante un contrato-ley suscrito por Hacienda y Minería, no cuesta un peso al Fisco y modifica por completo el cálculo de quien decide. Al otro lado de la cordillera, el RIGI ofrece treinta años de estabilidad fiscal,
aduanera y cambiaria. En el margen, los proyectos se deciden por comparación.
Nada de esto funciona sin resolver dos cuellos físicos. El agua: toda la expansión del norte depende de desalación e impulsión, y sin marco legal cada faena construye su propia planta y su propia tubería, la solución más cara y más lenta posible. Corresponde tratarla como infraestructura concesionada de acceso
abierto, con una sola tramitación por corredor. Y la transmisión: el norte vierte energía solar por falta de capacidad de evacuación, mientras los centros de datos aparecen como competidores nuevos por los mismos megavatios. Los permisos de transmisión y almacenamiento deben entrar en la misma vía rápida, o el permiso minero no valdrá nada.
Queda Codelco. Entre 2015 y 2025 retrocedió 23% mientras Escondida crecía 17%, y ninguna compañía sostiene a la vez Chuquicamata Subterránea, Radomiro Tomic Sulfuros, El Teniente, Andina y Salvador con capital propio. Los precedentes de asociación existen y funcionan: 49% en El Abra, 20% en Anglo American Sur, el plan conjunto de Los Bronces. La discusión debe desplazarse de la propiedad al desempeño.
Existe una tentación permanente en Chile: atribuir el estancamiento a causas profundas —la cultura, el modelo, el clima político—. Puede que todas influyan. Pero hay una explicación más modesta y mejor documentada: entre el momento en que se decide invertir dos mil millones de dólares en Chile y el momento en que puede moverse la primera piedra transcurren entre siete y doce años, y en ese lapso las reglas tributarias pueden cambiar dos veces. Ningún país sostiene una inversión de 28% del producto en esas condiciones.
El Decreto Ley 600 no fue un milagro ni una concesión: fue una promesa creíble sostenida en el tiempo. La Ley 21.770 demostró que el Estado chileno todavía sabe reformarse. Falta aplicar esa capacidad al lugar exacto donde está el bloqueo. Chile tiene el recurso, las compañías, la ingeniería, los puertos y el
precio; tiene, además, ciento cuatro mil millones de dólares de cartera esperando una firma. Lo único que no tiene es tiempo. La restricción no está en el subsuelo: está en el escritorio.
