Grave crisis en el INDH: un barco sin timón ni hoja de ruta

La crisis que hoy vive el INDH es tanto externa como interna, coyuntural y estructural. Lo primero se evidencia en la pérdida de credibilidad ciudadana -como expuso la Encuesta Nacional de DDHH que realiza el propio Instituto- ante la consulta a quién recurriría en caso de sufrir una vulneración de derechos, y que situó a Carabineros con un 26% de las respuestas, por sobre el INDH, que arrojó un 16%.

› Actualizado: 16:00 hrs
Compartir

Señor director:

El pasado 20 de julio el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cumplió once años desde su fundación como principal organismo público autónomo, de promoción y defensa de los derechos humanos en Chile. Esta institución, necesaria y trascendental para la democracia y el respeto a los DDHH, hoy atraviesa una profunda crisis de legitimidad y gestión directiva, que la han distanciado no solo del cumplimiento de su mandato, sino de quienes son su razón de ser: las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La crisis que hoy vive el INDH es tanto externa como interna, coyuntural y estructural. Lo primero se evidencia en la pérdida de credibilidad ciudadana -como expuso la Encuesta Nacional de DDHH que realiza el propio Instituto- ante la consulta “a quién recurriría en caso de sufrir una vulneración de derechos”, y que situó a Carabineros con un 26% de las respuestas, por sobre el INDH, que arrojó un 16%. La situación queda de manifiesto.

Esto se agrava con los reiterados pronunciamientos públicos del director Sergio Micco, entre ellos, la defensa de las credenciales democráticas del Presidente Piñera, mientras sucedían gravísimas violaciones a los DDHH; el “sesgo” del que acusó a los funcionarios/as del INDH; afirmar que “no hay derechos sin deberes”; la individualización de funcionarios/as, transfiriéndoles la responsabilidad de su mala gestión en la atención a las víctimas, entre otros episodios, han agudizado una comprensible y generalizada crítica por parte de la opinión pública, las organizaciones sociales y las víctimas de violaciones a los DDHH, quienes hoy mantienen tomada la sede central en forma de protesta a la actual Dirección.

Y es que las demandas de las víctimas son legítimas. A casi dos años del estallido social aún no encuentran justicia y verdad, con sólo tres condenas contra agentes del Estado a la fecha. Menos aún ha existido reparación y garantías de no repetición. Y más grave, Sergio Micco les sorprendió con un cambio de criterio comunicacional para la visibilización de las víctimas de traumas oculares. Hasta marzo de 2020 el INDH consignaba en sus reportes públicos 460 víctimas, según la información recogida por funcionarios/as y otorgada por los servicios de salud. Sin sustento metodológico, en octubre de 2020, Sergio Micco decidió comenzar a consignar las víctimas de trauma ocular representadas sólo en querellas del INDH, reduciéndose así el registro a 181 personas, e invisibilizando a otras 279.

Con todo aquello, la semana pasada el equipo de acompañamiento psicosocial fue informado por instrucción de Dirección de que el Programa de Acompañamiento a Víctimas de Violaciones a los DDHH durante el estallido social concluiría el 31 de agosto de este año, solicitándoles “cerrar procesos de acompañamiento”. En la práctica, esto significa que el INDH no podría continuar acompañando a las víctimas mientras duren los procesos judiciales, período que en ningún caso es menor a dos años. Este fue uno de los compromisos que Sergio Micco adoptó con las organizaciones que actualmente impulsan la toma del INDH.

Como Asociación de Funcionarios/as denunciamos esta situación apenas fue recibida la denuncia, y exigimos a la Dirección que no solo la aclarase, sino que diera continuidad al Programa para brindar a las víctimas la atención que requieren y merecen. La Dirección respondió y comprometió la continuidad de este programa, el cual podría ser hasta fines de 2021, previo al ajuste presupuestario. A la fecha, nos encontramos a la espera de un documento que formalice los compromisos de continuidad de equipos, así como el abordaje de los temas más estructurales del INDH.

En términos de gestión, el INDH sufre situaciones desconocidas para la opinión pública. A la inestabilidad y precarización laboral de profesionales de apoyo en los equipos jurídicos y psicosociales, se suma el maltrato y menoscabo permanente de la Dirección hacia los funcionarios/as y la falta de fortalecimiento de los equipos permanentes a nivel nacional. Ejemplo de ello es la contratación excesiva de asesores/as que han intervenido los equipos técnicos, interrumpiendo la ejecución de planes y programas institucionales. Esta situación fue denunciada ante la Contraloría General de la República, dado que -según la información disponible en la web de transparencia del INDH- el equipo asesor implicaría un gasto anual de $579.714.148, siendo que el 5% de tope para este gasto en la glosa de presupuesto es de $398.574.400, excediéndose así la administración en $181.139.748 en este ítem.

En medio del descrédito institucional, la Dirección publicó una licitación con un tope de 100 millones de pesos por el servicio de comunicación estratégica que permitiera revertir la mala imagen del INDH. Como dato, en sus dos años de gestión, Sergio Micco ha contado con tres jefes/as de comunicaciones -dos de ellos despedidos- mientras la tercera jefatura se encuentra en subrogancia desde enero, debido a la falta de profesionales que quieran trabajar con la actual Dirección.

En todo esto el Consejo INDH, compuesto por 11 personas, tiene también innegable responsabilidad, que esta Asociación ha dado a conocer, accediendo a audiencias, a través de la Ley de Lobby. Este órgano se encuentra dividido en dos bloques -en clave binominal- declarándose ambos bandos como “totalmente polarizados” y “sin capacidad de encontrar acuerdos”. Una parte, cercana a posturas de centroizquierda, no ha ejercido control sobre la actual Dirección, y está integrada por Consuelo Contreras (ex directora), Yerko Ljubetic (FA), Debbie Guerra (designada por la Presidenta Bachelet), Salvador Millaleo (PS) y Margarita Romero. De la otra parte, cercana a la derecha, se encuentran Carlos Frontaura (Fundación Jaime Guzmán); Cristián Pertuze (RN), Sebastián Donoso (designado por el Presidente Piñera), Eduardo Saffirio (ex DC) y Branislav Marelic (PS). Este último, cuya postulación al Consejo fue impulsada por Organizaciones de la Sociedad Civil, se ha convertido en el “barómetro” de las decisiones institucionales. Entre ellas, la aprobación de un nuevo reglamento interno bajo el cual se han amparado varias de las irregularidades que acusamos.

Así las cosas, y cuando el país vive una coyuntura histórica con la instalación de una Convención Constitucional que redactará una nueva Carta Fundamental, cuya base -a nuestro juicio- deben ser los derechos humanos, resulta fundamental plantearse qué está ocurriendo con la institucionalidad de DDHH.

Al cumplirse once años desde la instalación del INDH, los funcionarios/as movilizados y agrupados en la AFFINDH reafirmamos nuestro compromiso con la función pública y la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Reforzamos, además, nuestro compromiso irrestricto con las víctimas, quienes cuentan con todo nuestro apoyo y voluntad para atender los casos con el profesionalismo, la empatía y sensibilidad que requieren para su protección y acceso a la justicia dentro del marco legal que rige al INDH.

Soledad Molinet,
Johanna Guala y
Andrea Álvarez
Mesa Directiva AFFINDH