Constitución y Poder Judicial

Señor director:

La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y del sano funcionamiento del régimen democrático. Sin tribunales de justicia independientes, los ciudadanos no contarían con mecanismos para hacer valer sus derechos, ni para evitar la arbitrariedad y abusos del Estado. Sin embargo, la independencia judicial no puede depender únicamente de la buena voluntad de la autoridad política o de una actitud heroica de los jueces. Aunque resulta indispensable la conciencia compartida sobre los valores republicanos mínimos —donde la independencia judicial ocupa un lugar primordial—, es necesario establecer un entramado institucional que imposibilite, o al menos dificulte, que se produzcan presiones indebidas a los jueces. Estas pueden ser tanto externas al Poder Judicial como internas a su propia jerarquía, y afectan a todos los aspectos de la vida profesional de estos, como su nombramiento, su estabilidad en el cargo, su régimen de responsabilidad y sus remuneraciones, entre muchas otras.

De esta manera, es importante que la nueva Constitución consagre todos los resguardos institucionales necesarios para que los jueces puedan ejercer sus funciones con tranquilidad y con la conciencia de que no recibirán presiones ni represalias cuando fallan conforme al derecho, con el fin de proteger y resguardar las libertades como los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a cualquier arbitrariedad o intención antidemocrática que quiera dilapidar el Estado de Derecho.

Martín Durán,

Fundación para el Progreso Concepción