Señor director,
Es de público conocimiento que el borrador constitucional excluye el derecho de la sociedad civil para crear y mantener establecimientos educacionales distintos a los estatales. Esta garantía, consagrada en la actual Constitución y en tratados internacionales, nace a mediados del siglo XX para defender a la sociedad de sistemas educativos totalitarios.
La educación particular subvencionada pierde así su base constitucional. Cierto, no es eliminada, sino que pasa a ser objeto de ley. El texto deja pequeño espacio para esperar su continuidad.
Eso hasta el viernes, pues la Comisión de Normas Transitorias ha rechazado la indicación que proponía mantener vigentes las normas relativas al financiamiento de los establecimientos particulares subvencionados por un plazo de 14 años (un ciclo escolar completo). Se descorre el velo del ánimo constituyente.
Este juego de máscaras debe terminar, pues la Constitución no es un texto de campaña. Su apoyo popular no puede basarse en una ambigüedad casi ladina. Dos millones de estudiantes y sus familias, la mayoría de bajos ingresos, merecen saber qué pasará con el tipo de educación que escogieron. Es hora de decir sí a lo que es sí y no a lo que es no.
Felipe Varela,
director Mi Derecho a Educar
