Las víctimas de tomas ilegales no encuentran pronto remedio en las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, que se amparan en excusas fácticas o jurídicas.
Tenemos de ejemplo la toma y loteo ilegal de Quillota -el alcalde y la Delegación Presidencial se abstienen de intervenir- y la toma en Frutillar -el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no adoptan medidas disponibles-.
Estos casos se suman a otros a nivel nacional, pues esta tendencia delictiva sigue al alza, aumentando la incertidumbre.
Lo cierto es que las herramientas jurídicas existen. Entonces, se necesita hacer el trabajo, emplear la ley correctamente, todo con sentido de justicia. Porque incluso ante la duda frente un texto legal, es posible dar una solución amparado en la equidad, tal como ha ocurrido en otros casos.
Desde la asesoría jurídica muchos buscamos solucionar estos conflictos con rigurosidad, seriedad e ingenio ante estos desafíos. Ahora, es el Ejecutivo y la Corte Suprema, quienes deben responder este examen sobre el Estado de Derecho.
Alfredo Niklitschek Dabiké
Abogado, Palma
